Por Medicina Responsable
26 de enero de 2026La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia ha archivado las querellas presentadas por parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos contra la gerente del SAS, Valle García y sus predecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. El juez de la instrucción ha tomado esta decisión al no apreciar “indicios de perpetración de delitos” y concluye que no hubo “actuación arbitraria ni caprichosa”.
El magistrado ha desestimado así la denuncia interpuesta por el PSOE por la adjudicación de estos contratos, por valor de 242 millones de euros, y respalda la actuación de la Junta para gestionar la externalización de servicios sanitarios durante la pandemia y en los meses posteriores. Así, el auto, al que han tenido acceso varios medios de comunicación, señala que "no existen diligencias que resulten relevantes o pertinentes por cuanto serían inútiles en orden a acreditar unos hechos que, en sí mismos carecen de relevancia penal".
La denuncia presentada por el PSOE sostenía que estos contratos de emergencia se habían utilizado de forma sistemática para eludir los mecanismos de control legal de las externalizaciones, algo que el tribunal ha descartado con esta decisión. El auto estima que la recurrencia a la figura jurídica de los contratos de emergencia, aun meses después de que decayera el marco legal (decreto ley 8/2020) establecidos durante la pandemia para saltarse los procedimientos ordinarios ante la crisis del coronavirus, atendía a razones de necesidad del contexto sanitario.
De esta forma, el juez rechaza la petición del PSOE-A de recabar un informe pericial de la Intervención General del Estado "por cuanto no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito”. En este sentido, considera que “prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades” para no caer en una investigación “prospectiva”.
Sobre la prórroga de la contratación de emergencia más allá de la pandemia, el magistrado sostiene que "no puede concluirse que la finalidad fuera elusión de las normas de orden público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria".
Por ello, concluye que "no ha existido una actuación arbitraria o caprichosa, ni un injustificado ejercicio de abuso de poder", basándose en la emisión de “memorias justificativas económicas e informes jurídicos” y que estas contrataciones se realizaron “con todas las empresas hasta entonces contratantes con el SAS”.
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