Dos informes jurídicos avalan los contratos de emergencia sanitaria del Gobierno de Andalucía

Mientras que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla continúa investigando la denuncia presentada por el PSOE-A contra el Gobierno de la Junta de Andalucía, en la que lo acusa de malversación y prevaricación en la adjudicación de contratos de emergencia sanitaria que fueron realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de la Covid-19, se ha conocido que dos informes jurídicos de la Junta avalan dichos contratos.

Estos documentos están fechados el 28 de diciembre de 2021 y el 10 de agosto de 2022, uno y dos años antes de que el Gobierno diera por cerrada la crisis sanitaria, en un Consejo de Ministros (5 de julio de 2023), por lo que los populares sostienen su legalidad.

Respecto a la denuncia interpuesta por el PSOE andaluz, se centra en un expediente de la Junta que se abrió el 20 de enero de 2021, en el que se acuerda la declaración de emergencia para que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pudiera gastar hasta 70 millones de euros en atención sanitaria, desde enero hasta diciembre de 2021. La firma fue prorrogada en varias ocasiones hasta el 17 de mayo de 2023, periodo de tiempo en el que la Junta fue aumentando el gasto hasta realizar un desembolso de 243 millones de euros.

Mientras que el Gobierno de Andalucía alega que esta declaración es una figura jurídica legalmente regulada en el contexto de la pandemia del coronavirus y se apoya en los dos informes jurídicos, el PSOE andaluz sigue sosteniendo que todas las renovaciones son ilegales. “Durante dos años y medio se contrató a dedo sin sacar los contratos por el procedimiento legal que permite la concurrencia y pagar mucho menos por los mismos servicios”, han declarado los socialistas a Diario de Sevilla.

¿Qué dicen los informes?

El informe jurídico fechado el 28 de diciembre de 2021 se titula “Informe de la Asesoría Jurídica sobre la posibilidad de acuerdo de continuidad de la prestación de servicios por interés general en los contratos de asistencia sanitaria formalizados por la vía de emergencia”. En él, se especifica que la pandemia del coronavirus tuvo “una significativa y evidente influencia en los contratos públicos”, por lo que optó por adoptar “todas las medidas necesarias a su alcance a fin de reducir el impacto en la salud de la población y mantener el funcionamiento de los servicios, permitiendo dar una respuesta eficaz a los pacientes”.

En lo que respecta al documento que avala la actuación de la Junta, fue firmado el 10 de agosto de 2022 por una letrada de la Administración sanitaria andaluza. En él se señala que debe prevalecer el interés general “ante un eventual e imperceptible perjuicio de terceros, sin que pueda observarse que con la misma se contravengan los principios básicos y esenciales de la contratación pública como son la publicidad, la concurrencia, la igualdad y la no discriminación”.

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