Por Clara Arrabal
23 de julio de 2025El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de julio el anteproyecto de reforma de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social, una medida que, según el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, “sea posiblemente la reforma social de mayor calado de la legislatura”. Pero ¿qué opinan los expertos?
Para analizar la reforma de la Ley de Discapacidad, Medicina Responsable se ha puesto en contacto con Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), quien ha valorado positivamente el hecho de que esta nueva medida “recoja avances relevantes y responda a las demandas históricas de la Confederación”. Sin embargo, advierte de que “muchas corren el riesgo de quedarse en papel mojado si no se concretan ni se acompañan de una financiación suficiente y de mecanismos estatales de supervisión”.
“Esta reforma representa una oportunidad, pero aún queda recorrido. Seguiremos trabajando durante la tramitación parlamentaria para reforzar los aspectos más positivos y corregir las carencias detectadas. Las personas con discapacidad física y orgánica necesitamos una ley transformadora, no solo bien intencionada”, añade.
Entre las medidas que contempla la reforma, se encuentran la incorporación de la asistencia personal como servicio del catálogo, el aumento de horas de atención o las compatibilidades entre el desempeño de empleo y la percepción de prestaciones por dependencia. “Una de las más disruptivas es, sin duda, el reconocimiento de la accesibilidad universal como un derecho subjetivo exigible, lo que supone un cambio de paradigma al pasar de la recomendación a la obligatoriedad”, explica Queiruga.
Además, el presidente de COCEMFE valora como “avances importantes” la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que facilita las obras de accesibilidad necesarias cuando una persona con discapacidad reside en el inmueble, así como “la incorporación de la asistencia personal como servicio dentro del catálogo del sistema de atención a la dependencia y las medidas que pretenden evitar la discriminación en el acceso a los seguros y mejorar el control en el uso de las tarjetas de aparcamiento”.
“La reforma de la Ley de Discapacidad es un paso necesario para simplificar y humanizar el sistema”
Estas, según el propio Queiruga, son disposiciones “reivindicadas por COCEMFE que, si se implementan adecuadamente, tendrán un impacto real en la vida de las personas”, aunque admite que la equidad territorial y los recursos son indispensables para convertir estos derechos en realidades.
La reforma también contempla el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a personas con grado I de dependencia, otra de las reivindicaciones históricas del Movimiento Asociativo, como afirma Queiruga.
"Esta medida es un paso necesario para simplificar y humanizar el sistema. En España hay actualmente 1.689.695 personas con algún grado reconocido de dependencia que, gracias a este reconocimiento automático, podrán acceder a beneficios sociales, laborales o fiscales sin necesidad de superar otra evaluación”, explica. Además, asegura que contribuirá a “evitar duplicidades administrativas y reconocerá de forma más ágil los derechos de las personas con mayores necesidades de apoyo”.
Sin embargo, a pesar de su aprobación, el presidente de COCEMFE reclama una financiación suficiente y vinculante para el despliegue de los derechos; una supervisión estatal que evite desigualdades entre comunidades autónomas; un impulso a la accesibilidad universal, incluidos productos de apoyo permanentes, el acceso a la vivienda y al empleo inclusivo; la eliminación de límites económicos en la realización de obras de accesibilidad en edificios de viviendas; la concreción normativa sobre servicios clave como la asistencia personal; la eliminación de copagos desproporcionados y reconocimiento de criterios de renta individuales; y el reconocimiento de nuevos modelos de vida independiente y apoyos personalizados.
Por último, Queiruga concluye que las personas con discapacidad física y orgánica "no pueden seguir esperando", y que esta reforma "debe ser la herramienta que les permita ejercer sus derechos en igualdad de condiciones". Asimismo, destaca la necesidad de que dicha norma "sea mejorada y aprobada con el mayor apoyo y consenso posible".