Antonio Sanz defiende la gestión de la Junta y pide “respeto” para la sanidad andaluza tras el archivo de las denuncias por los cribados

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha valorado positivamente el archivo de las investigaciones penales abiertas por los retrasos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía y ha defendido la actuación del Gobierno autonómico. “Queremos reiterar un mensaje de tranquilidad y de confianza en el sistema sanitario público andaluz”, ha afirmado.

Las fiscalías provinciales han archivado las quince diligencias abiertas a raíz de las denuncias presentadas en 2025 por los retrasos en la comunicación y el seguimiento de mamografías con resultados dudosos o no concluyentes. Las investigaciones concluyeron sin apreciar indicios de delito, aunque el cierre de la vía penal no impide que las afectadas puedan continuar sus reclamaciones por otros cauces judiciales.

Sanz ha asegurado que esta decisión confirma las explicaciones ofrecidas por la Consejería desde que se conocieron los retrasos en la comunicación de resultados dudosos o no concluyentes de algunas mamografías. “La Fiscalía ha confirmado lo que desde el minuto uno hemos dicho desde la Consejería de Sanidad y desde la Junta de Andalucía”, ha señalado.

Según ha explicado, el Ejecutivo autonómico avisó a las mujeres afectadas y realizó las pruebas correspondientes en aquellos casos en los que fue necesario. “En dos meses todas tenían realizada la prueba correspondiente”, ha asegurado el consejero.

Sanz también ha destacado las medidas adoptadas para reforzar el programa. Entre ellas, ha citado la aprobación de un crédito extraordinario superior a los 100 millones de euros, la contratación del 90% de los 705 profesionales anunciados, la implantación del acto único y el refuerzo de todo el circuito del cribado de cáncer de mama. “La prevención del cáncer de mama ha sido, es y será una prioridad para este Gobierno”, ha afirmado. Por ello, ha anunciado que la Junta continuará trabajando para ampliar el tramo de edad de las mujeres incluidas en el programa e incorporar inteligencia artificial a la lectura de las pruebas diagnósticas en las unidades de cáncer de mama.

Críticas a la oposición

El consejero ha pedido a los grupos de la oposición que dejen de cuestionar a los profesionales sanitarios y eviten convertir la sanidad en un terreno de confrontación política. “La sanidad debe dejar de ser un ring para la pelea política y debe respetarse el trabajo de los profesionales”, ha manifestado.

Sanz ha acusado al PSOE, Sumar y Adelante Andalucía de haber utilizado la crisis de los cribados para desgastar al Gobierno autonómico. A su juicio, estas formaciones “han fracasado totalmente en su estrategia de ataque político y jurídico contra el sistema sanitario público andaluz”.

“El programa de cribados salva muchas vidas y no se puede poner en cuestión por motivos políticos, por interés partidista o por buscar cuatro votos”, ha concluido.

Una crisis que comenzó con más de 2.000 mujeres pendientes de información y seguimiento

La crisis de los cribados estalló en octubre de 2025, después de que varias pacientes denunciaran retrasos en la comunicación y el seguimiento de mamografías con resultados dudosos o no concluyentes. La Junta de Andalucía reconoció entonces que debía contactar con más de 2.000 mujeres para informarles de su situación y realizar, cuando correspondiera, una segunda prueba. En algunos de los casos denunciados, las demoras habrían llegado a prolongarse hasta dos años.

El Gobierno andaluz admitió errores en el circuito de información, pidió disculpas y anunció la creación de una vía preferente para atender a las afectadas. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, aseguró entonces que era necesario “ponerse en marcha de manera inmediata y rectificar”, mientras que la Consejería defendió la solidez general del programa y explicó que el problema se concentraba en la comunicación a mujeres con lesiones consideradas posiblemente benignas y sujetas a seguimiento médico.

La gestión de la crisis provocó una fuerte contestación política y social, así como denuncias de asociaciones, colectivos y partidos. En ese contexto, la entonces consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, presentó su dimisión el 8 de octubre, seis días después de que la Junta reconociera públicamente los fallos.

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