Amama demandará a la Junta de Andalucía para indemnizar a una de las pacientes afectadas por los fallos en los cribados

La asociación Amama, que destapó los fallos en los procesos de cribado de más de 2.000 pacientes de cáncer de mama en Andalucía, recurrirá a la vía judicial para reclamar a la Junta de Andalucía una indemnización para las afectadas. Así lo ha anunciado el abogado de esta asociación, Manuel Jiménez, quien ha detallado en una entrevista concedida a Radio Sevilla que presentará una demanda en nombre de Anabel, la primera paciente que denunció estos fallos que desataron la crisis posterior.

El abogado ha señalado que hay 160 reclamaciones patrimoniales presentadas en la actualidad, así como "unas 50 o 60 en manos de las propias mujeres pendientes de su presentación, y unas 40 o 50 aproximadamente pendientes de estudio y confirmación". Por ello, ha señalado que van a comenzar a presentar demandas judiciales "toda vez que la Junta no atiende el requerimiento alguno ni atiende a darnos otro tipo de solución".

Más de seis meses después de que se presentara el caso de Anabel, Jiménez considera “curioso” que la Junta no haya presentado “absolutamente ningún requerimiento”. "Visto lo visto, presentaremos las demandas judiciales una vez vayan venciendo siempre y cuando la administración no produzca o no genere otro plazo", ha agregado, mientras que ha estimado que a finales de abril-mayo estarán en condiciones de presentar "una tras otra".  

El letrado ha apuntado que siguen recibiendo reclamaciones de este tipo a diario y ha lamentado la ausencia de respuesta del Ejecutivo andaluz. Jiménez asegura haber llamado personalmente “más de 50 veces” al Gobierno andaluz, ante lo que solo ha recibido “la callada por respuesta”.

"Evidentemente queríamos evitar un suplicio para las mujeres con unos procedimientos judiciales que son largos, costosos y en cualquier caso generaron un sufrimiento para algunas personas que quizás desgraciadamente ni siquiera lleguen al final de eso contencioso", ha añadido a este respecto.

En este sentido, el abogado ha apuntado que "lo cierto y verdad es que se niegan a disculparse, a pedir perdón y, por supuesto, a resarcir a las mujeres, que es la única manera que existe para que de alguna forma se sientan medianamente satisfechas".

Las fiscalías provinciales archivan nueve denuncias de afectadas

Al margen de la iniciativa de Amama, las fiscalías provinciales han recibido hasta 15 denuncias a raíz de la crisis de los cribados, de las cuales se han archivaddo nueve al no apreciarse indicios delictivos. Estas diligiencias fueron remitidas a las fiscalías provinciales tras ser desestimadas por la Fiscalía autonómica, que determinó que deberían resolverse en el entorno judicial más próximo a las afectadas.

La Fiscalía Superior de Andalucía archivó el pasado febrero las tres denuncias que afectaban a altos cargos de la Consejería de Sanidad, dos de ellos aforados. Junto a ello, remitió a las fiscalías de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería las denuncias de 15 mujeres por presuntas deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama para que continuaran con la investigación de manera individualizada.

De esas denuncias se han archivado dos por la Fiscalía de Almería, otras dos en Granada; dos en Sevilla; dos en Jaén y una Málaga al no hallarse indicios de delito. En la actualidad se siguen investigando tres denuncias en Sevilla y dos en Málaga.

La denuncias remitidas se referían a presuntas deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no "concluyentes o "dudosos", falta de comunicación de las pruebas realizadas, falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, imposibilidad de la identificación de las víctimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.

En los hechos denunciados por las mujeres no existía "un patrón" que pudiera unificarlos para conectarlos con una responsabilidad que pudiera extenderse más allá de los concretos intervinientes en cada proceso, que no son los mismos y por tanto la Fiscalía andaluza concluyó que debían "ser investigados de manera individual y separada". 

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