Por Juan García
11 de septiembre de 2026Una de las grandes novedades que introduce el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad es la reducción del tope a la jornada semanal y de las guardias médicas. Conforme a las condiciones que propone Sanidad, que los sindicatos médicos siguen rechazando por considerarlas insuficientes, para hacer efectivas las nuevas restricciones sería necesario un desembolso de 593 millones de euros en cinco años, contando con el necesario refuerzo de plantillas para hacerlo posible.
Así se desprende de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del Estatuto Marco, que estima que sería necesario contratar a 4.190 profesionales sanitarios más para cubrir las horas que se dejarían de realizar, y que han de cubrirse igualmente en turnos de guardia.
Para llegar a estas cifras, las estimaciones de Sanidad incluyen únicamente a los sanitarios que realizan guardias (médicos en su mayoría), como los únicos que superan la jornada ordinaria. En total, contempla que hay 62.845 profesionales que realizan guardias físicas, excluyendo a los mayores de 55 años que quedarían exentes y haciendo aproximaciones sobre el reparto de estos turnos por servicios y especialidades.
La fórmula recogida por Sanidad en el proyecto de ley del Estatuto es fijar un máximo de 45 horas semanales (siendo 48 con la norma en vigor) y de acabar con las guardias de 24 horas para limitarlas a un máximo de 17, con la posibilidad de extenderlas de forma “voluntaria” y sujeta a un informe de riesgos laborales.
En base a estos límites, el informe detalla que por cada 15 profesionales a los que se les reduciría la jornada máxima en tres horas a la semana, sería necesario contratar un sanitario extra al acumularse otras 45 horas pendientes.
La contratación de estos más de 4.000 profesionales adicionales, que el informe desgrana por comunidad, supondría una inversión de más e 295 millones de euros al año como máximo, suponiendo que todos estos profesionales cumplen el máximo de horas y que los servicios de salud no adopten medidas de reorganización de la plantilla. Por ello, Sanidad matiza que el impacto presupuestario podría reducirse “significativamente” con medidas destinadas a mejorar la eficiencia, entre las que cita cuatro: reorganización de turnos y reducción de presencias físicas innecesarias, concentración de guardias en quienes opten voluntariamente por realizarlas, redistribución de las plantillas entre centros con distinta carga asistencial y la optimización de las plantillas según “necesidades reales”. Por comunidades autónomas, las que tendrían que realizar un mayor refuerzo y esfuerzo inversor serían Andalucía (que necesitaría contratar hasta a 756 profesionales más), Madrid (con 529) y Comunidad Valenciana (409)
Sin embargo, esta no es la cifra definitiva de impacto presupuestario que estima Sanidad, pues las contrataciones no tendrían efecto inmediato. Contando con un margen de cinco años para la incorporación progresiva a los servicios de salud autonómicos de estos refuerzos, la memoria proyecta a cuánto ascendería el coste total del personal hasta contar con las plantillas necesarias. La estimación para entonces, contando actualizaciones retributivas, alcanza los 593 millones anteriormente citados hasta 2031.
Ante el reproche de las comunidades de quién y cómo financiará este gasto previsto por Sanidad, la propia ministra, Mónica García, descarga en las comunidades la responsabilidad de hacer los ajustes necesarios en base al aumento de las transferencias presupuestarias que defiende que viene efectuando el Ministerio. Desde el inicio de la negociación del nuevo Estatuto, las comunidades han reprochado al Ministerio la ausencia de una memoria económica para aterrizar los costes que finalmente figuran en esta memoria de impacto. Ahora, previendo estos gastos, desde el Ministerio sostienen que es el momento propicio para efectuar esta reforma de las condiciones laborales de los sanitarios, en base a la existencia de más presupuesto sanitario.
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