La universalidad ya estaba reconocida y garantizada

La aprobación del nuevo real decreto sobre el acceso universal a la asistencia sanitaria pública ha sido presentada como un gran avance en la protección del derecho a la salud, pero un análisis atento revela que su alcance real es mucho más limitado de lo que su envoltorio político pretende transmitir. La norma no introduce transformaciones sustanciales en el modelo vigente desde 2018, sino que consolida prácticas ya extendidas en la mayoría de comunidades autónomas. En esencia, formaliza lo que ya se venía haciendo y lo envuelve en un discurso de reforma estructural que no se corresponde con su contenido.

El decreto insiste en la necesidad de establecer un procedimiento homogéneo para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria de personas extranjeras sin residencia legal, pero la universalidad ya estaba reconocida y garantizada desde hace años y las comunidades habían desarrollado mecanismos propios que funcionaban razonablemente bien. La declaración responsable que ahora se presenta como innovación no es más que la oficialización de un recurso administrativo que ya se utilizaba. Lo mismo ocurre con la flexibilización de la acreditación de residencia como las facturas, certificados de escolarización o informes sociales que ya eran aceptados en la práctica cotidiana. El decreto aporta orden y claridad, pero no consigue nada nuevo.

Incluso las medidas que se destacan como avances, como el acceso inmediato mediante un documento provisional o la protección reforzada para menores, embarazadas y víctimas de violencia, responden a realidades que ya estaban contempladas en la legislación vigente y en los protocolos autonómicos. La mención explícita al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para mujeres extranjeras no residentes tiene el único interés de buscar el conflicto y la confrontación política. La cartera de servicios sigue siendo la misma para todos. En definitiva, el texto refuerza y sistematiza, pero no transforma.

Todo ello se presenta en un momento políticamente oportuno para el Gobierno, que atraviesa tensiones con los profesionales sanitarios, especialmente con los médicos, y que arrastra escándalos y problemas de gestión que han deteriorado la confianza pública. En este contexto, la aprobación del decreto parece responder más a la necesidad de exhibir iniciativa y desplazar el foco, que a la voluntad de resolver los problemas estructurales del sistema. Resulta llamativo que se dedique energía a una reforma que apenas modifica la realidad asistencial, mientras cuestiones esenciales como la sobrecarga de la atención primaria, la falta de profesionales, la precariedad laboral o la desigualdad territorial siguen sin abordarse con la profundidad necesaria.

Además, la norma introduce un elemento de tensión con las comunidades autónomas al imponer un procedimiento uniforme en un ámbito donde estas han desarrollado modelos propios adaptados a su realidad. La intención declarada es garantizar la equidad, pero el riesgo es generar conflictos competenciales innecesarios en un momento en que la cooperación institucional debería ser prioritaria. La universalidad no se garantiza desde un despacho ministerial sino desde la práctica diaria de los centros de salud y hospitales, donde los profesionales en cualquiera de las fórmulas de gestión existentes han demostrado históricamente una sensibilidad hacia las personas enfermas muy superior a la que refleja este tipo de decretos. Son ellos quienes sostienen la universalidad real, incluso cuando la normativa es confusa o insuficiente, y quienes actúan movidos por una ética asistencial que no necesita ser recordada por ninguna orden ministerial.

El decreto incluye también medidas positivas, como la equiparación automática de exenciones en ortoprótesis o la ampliación del derecho para españoles de origen residentes en el exterior, pero incluso estos avances podrían haberse logrado mediante instrumentos más específicos y menos cargados de simbolismo político. El resultado es una norma que, pese a sus aspectos útiles, llega en un momento inoportuno, aporta poco que no estuviera ya resuelto y corre el riesgo de generar más ruido que soluciones.

La sanidad pública necesita reformas profundas, valientes y orientadas a los problemas reales. Este decreto, por desgracia, no es una de ellas. Es un gesto político envuelto en lenguaje técnico, una respuesta parcial a un sistema que exige mucho más. Y mientras tanto, quienes siguen garantizando la universalidad efectiva son los profesionales que cada día atienden a quien lo necesita, sin necesidad de decretos que les recuerden cuál es su compromiso.

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