
Por José Polo, presidente de Semergen
12 de febrero de 2026La percepción ciudadana del sistema sanitario no deja lugar a dudas. Las últimas encuestas del CIS reflejan un descenso progresivo en los niveles de satisfacción desde la pandemia. Este deterioro de la confianza no es un dato aislado ni coyuntural; es el síntoma de un modelo tensionado en el que la Atención Primaria, como pilar estructural del sistema, está soportando una presión creciente derivada de la falta de planificación estratégica, de recursos suficientes y de un reconocimiento efectivo de su papel central.
Cuando la Atención Primaria se debilita, el sistema en su conjunto pierde cohesión, eficiencia y capacidad de respuesta. La sobrecarga asistencial, las dificultades para garantizar el relevo generacional y la presión sobre las agendas no son problemas pasajeros: son señales claras de que el modelo necesita evolucionar. No se puede exigir más a los médicos de Familia sin ofrecer más estructura, más recursos, más organización y más respaldo institucional.
La transformación de la Atención Primaria no es opcional, es una necesidad estratégica para preservar la cohesión y la viabilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Si fortalecemos la base, el sistema se sostiene. Si la base se erosiona, el conjunto pierde estabilidad.
Es urgente fortalecer su capacidad resolutiva, mejorar su función diagnóstica y de seguimiento para reducir así la presión hospitalaria. Transformar la Atención Primaria implica reforzar su liderazgo clínico, asegurar condiciones profesionales adecuadas que la hagan atractiva para las nuevas generaciones, consolidar la formación y la recertificación como garantía de calidad, reducir la burocracia innecesaria e integrar tecnología útil centrada en el paciente.
Su evolución debe incorporar una coordinación sociosanitaria real y efectiva, especialmente ante el envejecimiento de la población y el incremento de la cronicidad, la pluripatología y la fragilidad. Necesitamos garantizar la continuidad asistencial, la equidad y una atención centrada en la persona, no fragmentada por niveles asistenciales.
Como médico de Familia, vivo a diario las consecuencias de una falta estructural de profesionales y esta carencia se traduce en agendas desbordadas, en una sobrecarga sostenida y, en muchos casos, invisible para los registros oficiales. Gran parte del trabajo que realizamos no se mide, no se contabiliza y, por tanto, no se tiene en cuenta a la hora de planificar recursos.
Esta presión constante deteriora la calidad asistencial, compromete la seguridad del paciente y pone en riesgo la sostenibilidad del propio sistema. No es posible ofrecer una atención de calidad cuando no hay tiempo suficiente para escuchar, explorar, prevenir y hacer seguimiento.
A todo ello se suma la ausencia de un desarrollo efectivo de un plan de desburocratización. La carga administrativa sigue consumiendo una parte inaceptable del tiempo clínico. Mientras no se reduzca de forma real y medible la burocracia, cualquier discurso sobre eficiencia carece de credibilidad.
Esta situación impacta directamente en uno de los pilares de la Medicina de Familia: la longitudinalidad. La rotación de profesionales, la precariedad contractual y la fragmentación organizativa dificultan que muchos pacientes mantengan una relación continuada con su médico. Cuando se rompe esta continuidad, se pierden oportunidades diagnósticas, aumenta el riesgo de errores y se resiente la calidad de la atención. La longitudinalidad no es un lujo ni una cuestión organizativa secundaria: es una herramienta esencial para una atención más segura, eficiente y humana, especialmente en pacientes mayores y crónicos.
El relevo generacional constituye otro de los grandes retos. La cobertura completa de las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria en 2025, algo que no ocurría desde 2021, confirma el interés de las nuevas generaciones por la especialidad. Sin embargo, este atractivo no se sostiene solo con discursos, sino con decisiones estructurales. Sin condiciones laborales dignas, sin reconocimiento profesional y sin un proyecto claro de desarrollo profesional, este interés difícilmente se consolidará.
En este contexto, el Plan de Acción de Atención Primaria 2025-2027 presentado por el Ministerio de Sanidad recoge muchas de las demandas históricas del primer nivel asistencial, pero corre el riesgo de convertirse en un nuevo ejercicio de retórica si no se acompaña de una financiación acorde con la magnitud del problema. La evidencia es que los 239 millones de euros anunciados para reforzar la Atención Primaria en 2025, repartidos entre 17 comunidades autónomas, diluyen su impacto hasta hacerlo prácticamente irrelevante para afrontar reformas estructurales reales.
En nuestra opinión, la transformación del primer nivel asistencial no puede abordarse de manera parcial. Es necesaria una reforma profunda y sostenida en el tiempo. No se trata solo de modernizar, sino de adaptar el modelo a una complejidad creciente. Se necesitan inversiones reales, planificación a medio y largo plazo y compromisos firmes y valientes por parte de la Administración. Si queremos un sistema sanitario sostenible, equitativo y de calidad, el primer nivel asistencial debe dejar de ser un recurso retórico y convertirse en una prioridad política real.
Con esta visión, presentamos en nuestro 47º Congreso Nacional el Plan Estratégico 2025–2028 para la Transformación de la Atención Primaria, una hoja de ruta basada en el liderazgo clínico, el conocimiento directo de la práctica diaria y una apuesta clara por la sostenibilidad del sistema convencido de que el futuro del primer nivel asistencial debe diseñarse desde dentro. Nuestra presencia en todas las comunidades autónomas y nuestra trayectoria en formación e investigación nos sitúan en una posición clave para contribuir activamente a este proceso.
Y en este contexto, no podemos permitir soluciones improvisadas. La reforma del Estatuto Marco no da respuesta a cuestiones clave como la diferenciación profesional, la mejora de las condiciones laborales o el desarrollo profesional continuo. Del mismo modo, resulta inaceptable que en algunas comunidades autónomas se siga recurriendo a la contratación de profesionales sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, una práctica muy frustrante para los profesionales porque se transmite la idea de que el esfuerzo formativo no es un criterio prioritario, y porque pensamos que puede comprometer la calidad asistencial y poner en riesgo el modelo MIR.
Es imprescindible y urgente situar al primer nivel asistencial en el centro de la agenda política y escuchar las demandas de los profesionales si queremos un sistema sanitario capaz de responder de forma eficaz a las necesidades de la población.
Desde SEMERGEN exigimos inversión real, planificación y compromiso sostenido para poner en marcha un modelo sólido, con capacidad de respuesta real, que nos permita desarrollar nuestro trabajo en condiciones de estabilidad, con recursos suficientes y con el tiempo necesario para garantizar calidad, seguridad y continuidad asistencial, apostando por la formación continua de los profesionales y la modernización de las infraestructuras en todas las CCAA que faciliten la equidad territorial.
Como sociedad científica líder de la Atención Primaria, seguimos trabajando para lograr una transformación que ya no admite más demoras.