Por Fernando Prados, ex viceconsejero de Sanidad de Comunidad de Madrid
10 de septiembre de 2026Quiero empezar dejando algo absolutamente claro. Estoy de acuerdo con el espíritu de las reivindicaciones contra el Estatuto Marco. Lo que se plantea para los médicos me parece inaceptable y creo que nuestra profesión necesita una interlocución directa y un estatuto propio que reconozca su formación, responsabilidad y singularidades. Defender esas causas no obliga, sin embargo, a aceptar que una huelga indefinida, con el daño que puede provocar al sistema y a los pacientes, sea la mejor forma de conseguirlo.
La representación sindical es legítima y no debe ponerse en duda. En las elecciones del SERMAS de 2023 votaron algo más de 40.000 de casi 95.000 trabajadores y la candidatura conjunta de AMYTS, SAE y SIETeSS obtuvo alrededor de 8.400 votos. Son las reglas, pero precisamente porque esos votos otorgan representación sobre muchos más profesionales existe una exigencia ética de escuchar también a quienes viven alejados de la actividad sindical. Representar no significa pensar por todos. A veces algunos delegados parecen más cómodos administrando el conflicto que buscando soluciones. Incluso el interés de AMYTS por entrar en el Colegio de Médicos de Madrid, ajeno a la negociación laboral, transmite voluntad de hacer política que lo descalifica en su posterior mensaje de interés sindical.
Las guardias son un buen ejemplo. Hay noches agotadoras y médicos que terminan exhaustos, pero no todos quieren eliminar las guardias de 24 horas. Algunos prefieren concentrar su actividad y disponer después de más tiempo libre. Presentarlas siempre como 24 horas de trabajo ininterrumpido al límite sirve para intensificar el conflicto, pero no describe toda la realidad. Lo esencial es garantizar descansos suficientes y que ningún médico cansado tenga que afrontar solo una intervención o una decisión compleja.
Mientras los sindicatos elevan el tono, Mónica García ha convertido una reforma necesaria en un enfrentamiento con médicos y comunidades, que deberán organizar plantillas, guardias y presupuestos, con consecuencias económicas todavía insuficientemente cuantificadas. Los sindicatos han entrado al trapo y una huelga indefinida puede deteriorar consultas, pruebas, intervenciones y listas de espera. Es evidente que ese deterioro recaerá sobre los servicios autonómicos y sus pacientes, no sobre el Ministerio.
La paradoja es difícil de ignorar. Mónica García será candidata frente a Ayuso y puede terminar haciendo oposición a un sistema madrileño castigado por una huelga nacida del conflicto que su propio Estatuto ayudó a desencadenar. El Estatuto debe cambiar, pero una causa justa no debería perjudicar al sistema ni convertir al paciente en daño colateral de una batalla que otros van a acabar rentabilizando.
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