Financiación sanitaria: problema singular, solución particular

El pasado viernes el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, como primer paso para su actualización. El Ministro de Hacienda, Arcadi España, compareció ante los medios para destacar, entre otros aspectos, que el nuevo modelo aportará 20.975 millones adicionales a las Comunidades Autónomas. Señaló que el modelo va a pivotar sobre el concepto de población ajustada, que prioriza el gasto en sanidad y educación. Y calificó de “histórico” el Consejo de Política Fiscal ya que ha aprobado un nuevo modelo de financiación 17 años después.

Analizaré estos hechos desde una perspectiva estrictamente sanitaria. Si bien procede hacer antes una precisión, y es que este modelo se refiere a todas las Comunidades Autónomas de Régimen Común, es decir todas menos País Vasco y Navarra, que disponen respectivamente del Concierto y Convenio Económico.

Lo llamado “histórico” es por tratarse de un modelo 17 años después del actual de 2009. Dado que el anterior era de 2001, y el precedente de 1996, el plazo máximo de revisión de los anteriores no superó los 8 años. 17 años en proponer, que no de momento aprobar, un modelo que en su disposición adicional séptima establecía su revisión quinquenal, no parece un acuerdo histórico por su celeridad, sino precisamente por su demora. O quizá sea histórico porque es el modelo que menos apoyos autonómicos ha tenido. Desde luego, por lo que también es histórico es por la novedad que los ministros proponentes, primero María Jesús Montero y ahora Arcadi España han sido Consejeros de Hacienda en Andalucía y la Comunidad Valenciana respectivamente. Es decir, han estado en el otro lado de la mesa.

Si en algo están de acuerdo las distintas Comunidades Autónomas, independientemente del color político, es su falta de financiación. Ahora bien, ni Castilla La Mancha ni Asturias, gobernadas por el PSOE, han aprobado la propuesta del modelo. Sí lo han hecho Cataluña y Canarias. Por tanto, la pregunta no sólo es el cuánto sino también el cómo. Siguiendo con la hipérbole valorativa o la inflación retórica, estamos en cifras “históricas” de recaudación, pero también en cifras históricas de gasto. De hecho, esa recaudación se lleva a cabo bajo medidas tributarias carentes de justicia tributaria o social, como puede ser no haber deflactado la tarifa del IRPF en presencia de una inflación significativa o el escaso apoyo a la ciudadanía en contener el incremento de los carburantes, máxime cuando un porcentaje muy elevado de lo que se paga cuando repostamos son impuestos. 

Pero es precisamente en el cómo se reparte en lo que me interesa entrar, para acabar en lo que nos ocupa, la Sanidad. El nuevo modelo, según el Ministro, tendrá como eje vertebrador el concepto de población ajustada, otorgando un peso preferente a las necesidades de gasto en Sanidad y Educación. 

El concepto población ajustada es fundamental, en el anterior modelo y por lo que vemos en el que se propone. Y ¿qué es esto de la población ajustada? No todos los ciudadanos cuestan lo mismo, ni todos los territorios tienen el mismo coste de prestación de los servicios. Frente a la población real de un territorio, la población ajustada son los habitantes "equivalentes" que tiene realmente una Comunidad a efectos de prestar servicios públicos. Una Comunidad Autónoma que, por ejemplo, tenga muchos mayores de 80 años, niños en edad escolar o pueblos muy dispersos, tendrá mayor financiación per cápita. En el actual modelo, el fondo que financia la Sanidad se denomina Fondo de Servicios Públicos Fundamentales, que engloba Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Está dotado con el 75% de la recaudación de cada Comunidad Autónoma en determinados impuestos (IRPF, IVA, Impuestos Espaciales, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones Transmisiones Patrimoniales, Juego o Tasas), más una aportación que hace el Estado. En principio, en el nuevo modelo nada se dice de este Fondo de Servicios Públicos Fundamentales. En este sentido se simplificaría el modelo, recibiendo el dinero las Comunidades Autónomas y gastándoselo como estimen oportuno. Y esto es precisamente donde el modelo presenta un desajuste respecto a la realidad financiera.

Los últimos datos disponibles de Financiación de Comunidades Autónomas, que corresponden al 2024, muestra que el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales estaba dotado en 126.724 millones de euros. Pero si vamos al gasto de estas en Sanidad en 2024 tenemos 88.838 millones de euros. Lo que dejaría 37.886 millones para Educación y Servicios Sociales que, evidentemente, es insuficiente. 

Otro dato es que la partida de Sanidad supone el 35% del presupuesto total de las Comunidades Autónomas, y el déficit presupuestario en Sanidad viene a ser aproximadamente un 15%, que además es estructural, se perpetua en el tiempo. El actual modelo dispone de otros fondos como el de Suficiencia o los llamados de Convergencia. Con todos estos fondos las Comunidades Autónomas tratan de hacer encaje de bolillos y cumplir los objetivos de déficit, que unas cuantas no lo logran precisamente por insuficiencia financiera.

En definitiva, no se trata sólo de inyectar más recursos, sino de cómo hacerlo. Además, en el devenir diario de las Comunidades Autónomas se complica ya que, para cuadrar el déficit de la Sanidad, se detrae financiación de otras Consejerías, lo que ralentiza proyectos en otros ámbitos. 

Personalmente me gustaba la referencia que en este sentido ha manifestado Alberto Núñez Feijoo, donde el futuro Sistema de Financiación Autonómica debe incorporar una pieza separada para Sanidad e incluso una contabilidad específica del gasto sanitario. Y me atrae porque pone el énfasis del problema de la financiación autonómica, que no es otro que el de la sostenibilidad de la Sanidad en el gasto total autonómico. Un problema singular necesita una solución particular. No generalista, que es lo que se propone para el futuro sistema. Feijoo lo sabe bien, no solo porque fue Presidente de la Xunta de Galicia, sino porque fue Director General del INSALUD antes de la transferencia de Sanidad.

El modelo que nos plantean ahora no contiene esa solución particular para la Sanidad, insisto el 35% del gasto total autonómico y déficit presupuestario estructural, sino soluciones parciales en el quantum y globales en el iter procedimental. Y esto en lo que se refiere a los problemas financieros, ya que en la Sanidad existen necesidades financieras, cuya solución compete a Hacienda y no financieras, cuyo desempeño entraría el Ministerio de Sanidad, soluciones estas últimas lejanas de alcanzar.

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