¿Declaración responsable? El problema será el turismo sanitario.

Hoy volvemos con el Gobierno. Ayer el Consejo de Ministros aprobó el nuevo decreto para reforzar la universalidad del SNS.

Conviene decir algo de entrada: estoy a favor de la atención sanitaria a las personas que viven en nuestro país, con independencia de su situación administrativa. Esas personas ya forman parte de nuestra sociedad y, desde una perspectiva de salud pública y de humanidad, hay que atenderlas.

España ha construido uno de los sistemas sanitarios más universales del mundo y ese es un valor que debemos preservar. Pero una cosa es la universalidad y otra distinta cómo se articula jurídicamente el acceso al sistema hasta el extremo que pueda ser un reclamo para tratarse médicamente.

Y es que el nuevo decreto introduce un mecanismo que merece una reflexión: el acceso a la asistencia sanitaria puede iniciarse mediante una declaración responsable, es decir, una simple manifestación del propio solicitante de que reside en España y carece de cobertura sanitaria obligatoria en otro país. 

A partir de ahí, el sistema presta la asistencia y la administración comprueba posteriormente -en tres meses- si se cumplen los requisitos. Y si no resuelve en tres meses el silencio administrativo sera positivo para el solicitante. Casi nada

La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre si no se cumplen? Porque una vez que la asistencia se ha prestado, recuperar ese coste es extremadamente difícil.

Por eso creo que el problema potencial no son necesariamente las personas que viven en España en situación irregular. El verdadero riesgo esta en que un sistema que permite acceder inicialmente mediante una simple declaración responsable podría abrir la puerta a situaciones de turismo sanitario. 

No necesariamente de los colectivos más vulnerables, sino de personas procedentes de países donde la asistencia sanitaria es extremadamente cara o donde millones de ciudadanos carecen de cobertura. 

Pensemos, por ejemplo, en un paciente de Estados Unidos -en donde le gente a veces se arruina por pagar la asistencia- que necesita un tratamiento complejo que le puede costar decenas o incluso cientos de miles de dólares y su seguro allí no le cubre. Pues lo tienen fácil ¿verdad? Declaración responsable en España.

Y entonces surge la cuestión clave: si después se comprueba que esa persona no tenía derecho, ¿cómo recupera el sistema el coste de la asistencia? ¿O le vamos a prohibir salir de España?

La universalidad es un principio que merece ser defendido. Sin duda. Pero para que el sistema sea sostenible también necesita mecanismos administrativos sólidos que eviten abusos y esto, en mi opinión, es demasiado.

De hecho, ya en la actualidad están viniendo pacientes de otros países que se empadronan en el nuestro exclusivamente para tratarse de enfermedades graves. Y esto esta pasando.

La cuestión es, ¿y ahora cómo protegemos al sistema de futuros abusos?

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