Por Nuria Cordón
3 de marzo de 202641 años, de origen rumano y formada en Reus (Tarragona). Elena Bianca Ciobanu encabeza el listado provisional del MIR 2026 tras presentarse el pasado 24 de enero a la prueba obligatoria en España para los médicos que desean acceder a una plaza de Formación Sanitaria Especializada. Y lo hace con una puntuación que roza el pleno (188 respuestas netas, de un total de 200), situándola como número 1 de la convocatoria.
Su extraordinario resultado no solo la coloca en lo más alto del ranking, también pulveriza todos los registros históricos del examen en sus más de cuatro décadas de trayectoria. Y es ahí donde han saltado todas las alarmas.
Un cambio de patrón estadístico sin precedentes
Según los análisis comparativos que maneja la Asociación MIR España, esta edición rompe varios patrones que tradicionalmente habían mostrado estabilidad en el comportamiento del MIR.
El primero tiene que ver con la relación entre expediente académico y posición final. El baremo universitario representa un 10% de la nota global, mientras que el examen supone el 90% restante. Históricamente, los aspirantes con expedientes por debajo del 6,75, como es el caso de Bianca, nunca habían alcanzado el primer puesto.
De acuerdo con los datos aportados por el presidente de la asociación, Jesús Francisco Arzúa, a Medicina Responsable, en 2021 el mejor resultado con ese rango de expediente fue el puesto 209; en 2022, el 345; en 2023, el 1.281; en 2024, el 1.364; y en 2025, el 1.458. En 2026, ese patrón se rompe con un número 1.
El segundo elemento llamativo es la diferencia de puntuación entre los primeros clasificados. En convocatorias anteriores, la distancia en respuestas netas entre el número 1 y el número 10 solía oscilar en una horquilla relativamente estable (entre seis y diez netas). Este año, esa brecha se amplía hasta situarse en torno a las 17 netas, la mayor diferencia registrada en los últimos años.
Pero el foco, según Arzúa, no está puesto únicamente en el primer puesto. Los cuatro primeros clasificados también aparecen con expedientes por debajo de la media histórica habitual de quienes encabezan el ranking, lo que para la asociación supone un “cambio de patrón” que, desde el punto de vista estadístico, “merece una explicación”.
El presidente de la asociación insiste en que estos datos no constituyen una acusación contra ningún aspirante concreto. “No señalamos a nadie ni iniciamos ninguna caza de brujas”, sostiene. Lo que reclama la organización es un análisis técnico por parte del Ministerio de Sanidad que determine si estas desviaciones entran dentro de la variabilidad estadística razonable o si, por el contrario, responden a fallos en el sistema.
Las denuncias recibidas y las condiciones del examen
Más allá de las cifras, la asociación asegura haber recibido decenas de testimonios directos de opositores que describen presuntas irregularidades durante la celebración del examen en algunas sedes.
Arzúa subraya que él no estuvo presente y que la organización no puede afirmar hechos propios ni atribuir responsabilidades individuales. Sin embargo, los relatos recibidos apuntan a vigilancia desigual entre aulas, vocales incorporados con escaso margen de preparación, ruidos constantes que dificultaban la concentración, "móviles de opositores vibrando constantemente" y la presencia de otros dispositivos electrónicos pese a estar prohibidos.
El Ministerio confirmó públicamente la detección de, al menos, un caso de uso de gafas con inteligencia artificial durante la prueba. Para la asociación, este episodio refuerza la necesidad de acreditar qué protocolos de control estaban activos y si se aplicaron de manera homogénea en todas las sedes. “No estamos afirmando que haya habido fraude generalizado”, insiste su presidente. “Pedimos que se investigue. Con un solo testimonio debería existir un deber moral de analizar lo ocurrido”.
Entre los cientos de acusaciones que se vierten sobre ella en redes sociales, está la de que “copiaba de muchas maneras y en la mitad de las ocasiones la pillaban” o que “venía a nuestra clase, todos sabemos que no es posible”. La mayoría ve muy improbable que una persona que en la universidad no ha llegado al 7 haya obtenido la mejor nota de la historia del MIR.
La defensa pública de Elena
En medio de la polémica, la propia Elena ha salido al paso de las críticas en el programa “Vamos a ver” de Telecinco, donde ha defendido categóricamente la legitimidad de su resultado. “No he copiado. Es imposible hacerlo”, ha asegurado, rechazando cualquier insinuación de fraude.
La aspirante ha explicado que llevaba varios años preparando el examen y que su puntuación responde exclusivamente a horas de estudio, constancia y disciplina. También se ha mostrado favorable a que se realicen las comprobaciones necesarias para despejar cualquier sospecha y cerrar el debate.
El precedente de Argentina
De acuerdo con Arzúa, existe un precedente parecido en Argentina, donde las autoridades sanitarias analizaron resultados que consideraron estadísticamente atípicos en un examen similar de acceso a la especialización.
Según explica, tras el análisis se identificaron más de un centenar de expedientes con patrones considerados anómalos y se adoptaron medidas correctoras, entre ellas la repetición de la prueba en los casos bajo sospecha. En ese segundo examen, según Arzúa, en torno al 90% sacó un 0.
La Asociación MIR España asegura que ya ha iniciado contactos con profesionales argentinos para conocer con detalle cómo se desarrolló aquel proceso, qué criterios técnicos se utilizaron y qué respaldo jurídico tuvo la decisión. “No estamos diciendo que aquí tenga que repetirse el examen”, matiza Arzúa. “Lo que decimos es que, cuando hay un cambio de patrón estadístico tan acusado y un volumen relevante de testimonios, el Ministerio tiene la obligación de analizarlo con rigor. En otros países se ha hecho”.
La organización también prevé trasladar la cuestión a decanos de facultades de Medicina y a otros actores del sector para abrir un debate técnico sobre las garantías del sistema.
Una auditoría solicitada antes de la polémica
La controversia no arranca únicamente con los resultados. El pasado 12 de febrero, antes de que se publicaran las listas provisionales, la asociación registró formalmente una solicitud de auditoría ante el Ministerio de Sanidad por lo que define como un encadenamiento de “incidencias administrativas”.
Entre ellas, la dimisión del comité de expertos encargado de la elaboración de la prueba meses antes del examen; el incumplimiento reiterado de plazos publicados en el BOE; y, especialmente, problemas en la baremación académica.
Según los datos que expone la asociación, 5.900 aspirantes recibieron inicialmente una puntuación de cinco en el apartado de expediente académico, que representa el 10% de la nota final, con independencia de su media real. Muchos presentaron alegaciones. A día de hoy, aseguran, todavía quedarían en torno a 2.900 expedientes pendientes de corrección definitiva.
En un proceso donde unas décimas pueden condicionar la elección de especialidad y hospital, cualquier error en la valoración del expediente tiene impacto directo en el orden final.
Próximos pasos y respuesta del Ministerio
La asociación mantiene prevista una reunión presencial el 25 de marzo con la Dirección General de Ordenación Profesional para trasladar formalmente toda la documentación recopilada. También prevé enviar una ampliación del expediente administrativo con los testimonios recibidos.
Desde el Ministerio de Sanidad se ha defendido la legalidad del proceso y han recordado que los resultados publicados son provisionales. La ministra Mónica García comparecerá ante la Comisión de Sanidad del Congreso el próximo 16 de marzo para dar explicaciones sobre la gestión de la convocatoria.
El debate no está solo en una posición en el ranking, sino en la confianza en el principal sistema de acceso a la especialización médica en España.
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