
Por Clara Arrabal
29 de diciembre de 2025A menos de un mes del examen MIR 2026, su proceso de elaboración sigue generando polémica. Tras semanas de tensión y falta de seguridad debido al incumplimiento de los plazos fijados por el Ministerio de Sanidad, ahora los admitidos se han hecho eco de otra gran controversia: la prueba podría ser impugnada con una base jurídica sólida.
Según ha informado La Razón, el Ministerio de Sanidad ha designado a las comisiones calificadoras antes de publicar la lista definitiva de los admitidos, algo que no está contemplado en el proceso legal y que incumple varios artículos del Procedimiento Administrativo Común que lo regula. Esto abre la puerta a que el examen sea recurrido, lo que provocaría la repetición de la prueba o la anulación parcial del proceso.
El proceso de llamamiento y elaboración del MIR siempre sigue un orden fijo: la creación de la convocatoria, la apertura del plazo de solicitudes, la publicación de la lista provisional y las posteriores alegaciones a esta, los admitidos definitivos, el nombramiento de las comisiones y, por último, la realización de la prueba. De esta manera, cada fase se sustenta en la anterior y se garantiza así que el proceso sea encadenado y seguro.
En la convocatoria del MIR 2026, sin embargo, este orden se ha alterado, como ha publicado La Razón, pues el Ministerio de Sanidad ha nombrado a los calificadores antes de cerrar las listas de admitidos definitivos. Esto podría conllevar conflictos de intereses y hacer que todo el proceso sea impugnable.
Según la normativa del MIR, el procedimiento administrativo obliga a que los miembros de las comisiones no tengan relación directa con los aspirantes (no hayan sido sus docentes ni tengan lazos familiares, por ejemplo) y que puedan ser recusados por los candidatos. Por lo tanto, sin lista definitiva no se puede comprobar ni garantizar estas incompatibilidades ni dar a los aspirantes la posibilidad real de declinación. Además, el número de aspirantes, su distribución y las especialidades convocadas marcan la composición de las comisiones, el número de miembros necesarios o el perfil técnico requerido.
Todo ello aparece regulado en el artículo 23 y 24 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, que dictan que un miembro de un órgano colegiado debe abstenerse si “tiene relación personal, profesional o docente con un interesado” o “ha participado en su formación previa”; así como que los interesados tienen derecho a “recusar a los miembros del órgano evaluador” y “hacerlo desde que tengan conocimiento del nombramiento”.
En este contexto, si aparece un aspirante que haya sido alumno directo de un examinador, residente evaluado o familiar de un miembro de la comisión, podría haber consecuencias legales si se presentara un recurso administrativo con riesgo de repetición de la prueba o anulación parcial del proceso. En total, el listado provisional de admitidos a Medicina se compone de 16.014 aspirantes para 9.276 plazas; y la lista definitiva se publicará el próximo 7 de enero.
A esto se suman otras decisiones polémicas que han marcado el trascurso de la convocatoria, como la dimisión de los expertos que elaboran el examen el pasado mes de agosto, un “hecho sin precedentes”, como calificó el consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, y que alertó a aspirantes y profesionales de su falta de trasparencia. “Que se produzca más de una dimisión hace sospechar que algo ha ocurrido”, explicaba por su parte a Medicina Responsable Daniel Selva Talón, secretario general de Asociación MIR España.
Además, las listas provisionales han sido publicadas con más de un mes de retraso debido a que la empresa encargada de gestionarlas fue contratada a mediados de noviembre, a diferencia de otras convocatorias en las que el contrato se formaliza en junio o julio. Estos, junto a otros errores en la página web del Ministerio de Sanidad o fallos en las medias académicas de los aspirantes han hecho que este examen MIR sea uno de los más polémicos de nuestra historia.