Por Medicina Responsable
16 de julio de 2025La Generalitat Valenciana ha asegurado la liquidación del pago pendiente a las farmacias "antes de final de julio", así como la normalización de los abonos siguientes, tras conocer la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la autorización de la Generalitat para solicitar un crédito extraordinario de 1.816 millones de euros con entidades bancarias. De esta forma, "se regularizará el mes adeudado en cuanto se disponga de esa liquidez".
Así se lo ha trasladado en un encuentro este martes el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, a los presidentes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castellón, Alicante y Valencia. Gómez ha defendido que "no será un impago, sino un retraso en el pago que se debería haber efectuado en junio, ya que antes de que acabe el mes de julio tendrán el abono realizado, tal y como nos comprometimos con ellos".
“Lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro compromiso de pagar en el momento de tener liquidez, tal y como dijimos. Por lo que todos los farmacéuticos pueden estar tranquilos ya que van a cobrar de manera normalizada, gracias al crédito extraordinario solicitado por el presidente Mazón”, ha sostenido.
El titular de Sanidad ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "negocie la financiación singular con otra comunidad autónoma", mientras la Generalitat Valenciana "se ha visto obligada a incrementar una deuda de 1.816 millones de euros, que los valencianos tenemos que asumir porque el Gobierno central, por primera vez en 12 años y sin justificación alguna, no aprueba el FLA extraordinario para las comunidades autónomas".
A finales de junio, el conseller de Sanidad remitió una carta a las farmacias comunitarias de la Comunitat Valenciana mediante la que se les garantizaba el pago regular de la factura mensual a las oficinas de farmacia a partir de este mes de julio y el abono de la factura del mes pendiente en cuanto hubiera liquidez.
Además, desde la Conselleria de Sanidad se asumió el "compromiso de agilizar los trámites necesarios" para asumir el pago de los intereses que conforme a derecho correspondan, como "muestra del firme compromiso del Consell con la sostenibilidad de la red farmacéutica y la protección al sistema sanitario".
En este contexto, Gómez ha mostrado su "sorpresa ante la inaceptable actitud de asfixia económica que está manteniendo el Gobierno de España, no ya con la Generalitat Valenciana como institución, sino con todos los ciudadanos de esta comunidad, y en particular con los proveedores de servicios públicos tan fundamentales".
La administración autonómica ha señalado que la Consejería de Sanidad "ha tenido que afrontar el pago de facturas pendientes de la legislatura anterior por valor de más de 800 millones de euros".
El Colegio de Farmacéuticos desconvoca las movilizaciones
Tras la reunión, el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) ha decidido suspender las medidas de movilización colectiva previstas ante los impagos, por haber recibido el “compromiso firme” de pago inmediato.
La decisión, adoptada este martes por la junta de gobierno, se ha tomado tras "días de intensas negociaciones con la Administración, los partidos políticos y el gabinete de crisis del MICOF", según ha indicado la entidad colegial en un comunicado.
El MICOF ha apuntado que, en el encuentro mantenido este martes con Marciano Gómez "se ha garantizado que, una vez habilitado el crédito aprobado por el Consejo de Ministros, por valor de 1.816 millones de euros, se procederá al pago inmediato de las facturas sanitarias, incluidas las farmacéuticas".
Además, la entidad colegial ha agregado que la Administración "ha confirmado su compromiso de abonar, a final de mes, la factura correspondiente a junio conforme al calendario establecido en el concierto de prestaciones".
El Colegio ha agradecido el "apoyo unánime" del colectivo y a las asociaciones de pacientes que han apoyado el manifiesto y ha reiterado su compromiso de "seguir trabajando con firmeza, serenidad y responsabilidad para garantizar la sostenibilidad del modelo farmacéutico, proteger a los colegiados y asegurar que ningún paciente vea comprometido su derecho a la medicación".
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