Por Juan García
17 de abril de 2026La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) ha sumado el respaldo de seis sociedades científicas en sus reivindicaciones frente a la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. A través de un posicionamiento conjunto, las entidades alertan del impacto “desproporcionado” e “inasumible” que consideran que provoca la normativa para el sector de los medicamentos genérico.
La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) han sumado sus voces a la de Aeseg para advertir del impacto “real y creciente” de la aplicación de esta normativa europea para el sector de los medicamentos genéricos.
En este sentido, señalan que puede comprometer el acceso de los pacientes a tratamientos esenciales y afectar a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Estas entidades coinciden en que los medicamentos genéricos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. El aumento de los costes de producción en un contexto de presión sobre los precios en un mercado regulado, consideran “inasumible” el gravamen que aplica esta normativa a las compañías farmacéuticas por el coste de depurar las aguas urbanas, en tanto que las empresas no son capaces de trasladar este sobrecargo al precio final.
En esta línea, consideran que la TARU “recae de manera desproporcionada sobre la industria de los medicamentos, y más aún sobre la de los medicamentos genéricos mientras otros sectores generadores de microcontaminantes quedan al margen”.
“Esta situación puede provocar la retirada del mercado de medicamentos esenciales, la aparición de lagunas terapéuticas, el desplazamiento hacia alternativas más caras y un impacto negativo tanto para los pacientes como para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, recalcan en un comunicado. El reparto de la carga financiera prevista por la Directiva TARU recae.
Así, reclaman activar “sin demora” las salvaguardas que prevé la propia directiva para proteger el acceso a medicamentos esenciales. A este respecto, piden compaginar la sostenibilidad y la protección de la salud global, junto con la necesidad de asegurar un acceso equitativo y sostenible a los medicamentos esenciales.
“Contar con menos opciones genéricas en el mercado da lugar a un sistema sanitario menos sostenible, debido al incremento de los precios de los medicamentos, y a la disminución de las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes”.
En relación con este último punto, la secretaria general de AESEG, Elena Casaus, hizo un llamamiento al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responsable de la transposición de la Directiva, para que la futura Ley española incorpore expresamente un mecanismo corrector en la contribución financiera al sistema colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Incluir la aplicación de un coeficiente corrector que tenga en cuenta la naturaleza esencial de determinados medicamentos y su papel insustituible en el SNS es clave para salvaguardar la accesibilidad, la disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos esenciales a escala nacional, evitando impactos desproporcionados sobre productos con precios regulados y márgenes muy ajustados. “Esta posibilidad está expresamente contemplada en la Directiva, tanto en su considerando 21 como en su artículo 11.6”, aclaró Casaus.
AESEG considera imprescindible que la futura Ley española haga uso de esta flexibilidad para garantizar que los objetivos ambientales se alcancen sin poner en riesgo el acceso equitativo y sostenible a los medicamentos esenciales.
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