
Por Medicina Responsable
18 de diciembre de 2025La industria farmacéutica ha mostrado nuevamente su malestar con la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. La Comisión Europea ha decidido no incluir una revisión de esta norma en el nuevo paquete Ómnibus ambiental, a pesar de las reiteradas peticiones de la industria, motivo por el que han vuelto a advertir de los efectos de esta regulación, que emplaza a estas empresas a financiar los costes de depuración de estas aguas.
La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) ha advertido nuevamente de los “graves efectos” para el sector que tendrá esta normativa, por lo que han solicitado a las administraciones españolas “que activen salvaguardas específicas para proteger los medicamentos esenciales y críticos”. Así, insisten en contra de la decisión de mantener “un marco que ya suponía riesgos para los medicamentos genéricos y deja a los Estados miembros con un margen muy limitado para corregir su impacto”.
En esta línea, inciden en que el esquema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) previsto en la Directiva impone cargas económicas que no pueden absorberse ni trasladarse al precio de los medicamentos, lo que pone en riesgo la continuidad de tratamientos de uso cotidiano. Desde aeseg subrayan que el diseño de la Directiva “parte de una premisa que no se ajusta a la realidad del mercado de medicamentos fuera de patente: la posibilidad de repercutir los sobrecostes en el producto final”. Así, recalcan que la intervención de precios y el aumento de los costes de producción eliminan esta posibilidad.
Aeseg señala que, en el caso de España, las consecuencias pueden ser especialmente graves para la industria de medicamentos genéricos, que opera con precios regulados y márgenes económicos muy ajustados.
En línea con el análisis realizado por su patronal europea, Medicines for Europe, AESEG subraya que el estudio actualizado en el que se apoya la Comisión Europea para justificar su decisión de no revisar la Directiva se limita a ajustar costes por inflación y no incorpora una evaluación específica del impacto sobre los medicamentos. Además, no corrige errores metodológicos ya señalados en el análisis inicial, como el uso de modelos informáticos en lugar de datos de laboratorio conforme a los estándares de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para estimar la toxicidad.
El pasado 2 de octubre, AESEG presentó en Madrid un informe técnico elaborado junto con la consultora LECA que ya advertía de un “impacto desproporcionado” sobre los medicamentos genéricos, debido a un reparto de costes basado en el volumen y en criterios de toxicidad, que penaliza a fármacos de alto uso y bajo precio regulado. El informe cifra el impacto económico en hasta 208 millones de euros anuales para un sector que, según subrayan desde Aeseg representa el 41% del volumen de recetas pero solo el 12% de facturación.
Uno de los casos más preocupantes es el de la metformina, medicamento de referencia en el tratamiento de la diabetes. Por su altísimo volumen y su bajo precio, el gravamen adicional derivado de la Directiva podría suponer en España un sobrecoste de hasta un 284 % sobre su precio de venta de laboratorio, lo que haría inviable su comercialización en las condiciones actuales. La retirada de este medicamento obligaría a desplazar tratamientos hacia alternativas más caras, con un incremento estimado del gasto del Sistema Nacional de Salud de 9,2 millones a 231 millones de euros anuales solo para este principio activo.