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La patronal de genéricos critica las "cargas desproporcionadas" de la directiva de aguas residuales

Desde Aeseg advierten de los efectos nocivos sobre el sector de esta norma que les obliga a asumir costes por depuración de aguas urbanas

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La patronal de genéricos critica las "cargas desproporcionadas" de la directiva de aguas residuales

Por Medicina Responsable

3 de octubre de 2025

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) ha pedido suspender los plazos de implementación de la Directiva de la Unión Europea sobre aguas residuales urbanas, al considerar que pone en riesgo el acceso a los fármacos genéricos por imponer "cargas desproporcionadas y discriminatorias" sobre el sector farmacéutico.

Esta directiva exige a los sectores afectados (que incluyen la industria farmacéutica y cosmética) asuman al menos el 80% de los costes de implementación del tratamiento cuaternario en las estaciones depuradoras, mientras que el otro 20% sería asumido por los Estados miembros.

"Es algo que consideramos absolutamente desproporcionado", ha declarado la secretaria general de Aeseg, Elena Casaus. Esta entidad ha presentado un informe de impacto de la normativa para el sector de los genéricos que también trasladarán al Ministerio de Sanidad.

Si bien Casaus ha recalcado su compromiso con la limpieza de aguas residuales urbanas y con los objetivos del Pacto Verde Europeo, ha advertido de que esta normativa aplica de forma "injusta" el principio de "quien contamina paga", al aplicarse a la industria farmacéutica humana y cosmética, pero excluyendo a la industria veterinaria, a la de aditivos alimenticios o a la de químicos de limpieza.

Casaus ha cifrado en 208 millones de euros anuales el impacto de esta medida, una cifra que comprometería la viabilidad de medicamentos esenciales con precios regulados. En esta línea, ha recordado que, aunque en España representan un 41% del volumen de recetas, el sector de los genéricos apenas supera el 12% de la facturación total del mercado farmacéutico.   

Por ello, advierten que la directiva derivaría en un aumento del gasto farmacéutico y un consecuente desabastecimiento, lo que daría lugar a lagunas terapéuticas o el uso de alternativas de mayor coste.

Aumentos de precio del 200% en medicamentos como la metformina

El socio de LECA Pablo González Ipiña ha ejemplificado el impacto de la directiva con el caso de la metformina. Según ha detallado, este medicamento para la diabetes tipo 2 podría ver aumentado su precio un 284%, lo que haría “inviable” su comercialización.  Algo parecido ocurriría con la amoxicilina, un antibiótico indicado para infecciones comunes, cuyo precio de 1,83 euros por cada envase de 20 comprimidos de 750 miligramos podría incrementarse en un 51%.

"Se violan los principios de proporcionalidad, porque no es proporcionado exigir a una industria que asuma el coste de todo un sistema", ha expresado el abogado asesor de Aeseg Miguel Vidal-Quadras, quien ha señalado la preocupación de la industria farmacéutica al considerar que tendrá que pagar por todos los contaminantes. Tras ello, ha señalado que la Directiva se basa en modelos informáticos y valores de toxicidad "poco fiables" y que "no cumplen" los estándares de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

En ese sentido, la directora técnica de Aeseg, María Álvarez Fernández, ha detallado que los datos de la Directiva atribuyen el 58 por ciento de la carga tóxica a solo cuatro medicamentos, cuando los datos de laboratorio de Aeseg muestran que su contribución es inferior al 1 por ciento.

Instan a España a recurrir la Directiva

Por todo ello, la industria de medicamentos genéricos ya ha presentado un recurso de nulidad de la Directiva para que todas las industrias contaminantes paguen, y no solo las previamente mencionadas, al mismo tiempo que ha solicitado una pausa urgente en la adopción del esquema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), mientras se revisa adecuadamente su diseño y se garantiza un reparto "justo, proporcional y basado en evidencia científica".

Aeseg ha instado a las autoridades españolas a seguir el ejemplo de otros países como Polonia, Francia y Grecia, que han presentado diversos recursos e iniciativas de paralización en esta línea. 



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