
Por Juan García, Santiago Melo
30 de septiembre de 2026La Jornada Agora Forum, organizada por Medicina Responsable en colaboración con Johnson and Johnson, ha reunido a responsables de la administración, directivos, clínicos, pacientes e industria para analizar y debatir el nuevo paradigma de la evaluación de la innovación biomédica. Ante el incesante avance de las ciencias médicas y un contexto regulatorio que busca ir más allá de la relación coste-eficiencia, los expertos buscan nuevos consensos para construir la evidencia que avale la entrada de nuevos medicamentos y terapias.
En la apertura de este evento, el director general de Gestión Económico-Financiera en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), José Nieves, se ha referido a la innovación como una parte "indisociable del hecho sanitario". Nieves ha subrayado que en el escenario actual de transformación legislativa en esta materia, "la cuestión se radicaliza en un elemento diferenciador como es la velocidad de incorporación de la innovación". El directivo del Sermas ha aludido en este sentido a la necesaria alianza entre la academia, las administraciones, los profesionales y la industria para hacerla llegar a los pacientes de forma ágil, segura y en condiciones de equidad. Ante las limitaciones presupuestarias, Nieves ha subrayado que el precio del medicamento "es solo un parte", invitando a considerar otros parámetros de la contribución que hace la innovación en el sistema sanitario y la sociedad.
Una de las grandes preguntas en torno a las que ha girado este análisis es cuánto cuesta la innovación y cuánto se pierde cuando se llega tarde al paciente, tal y cómo ha planteado el presidente de Medicina Responsable, Ernesto Sáenz de Buruaga. En esta línea, el director de Asuntos Regulatorios y Acceso al Mercado en Johnson & Johnson Innovative Medicines, David Beas, ha apuntado que esta valoración de la aportación de los nuevos fármacos se ha centrado "durante demasiado tiempo" en su coste. Por ello, ha defendido la conveniencia de valorar todas las dimensiones del medicamento, ejemplificando las aportaciones indirectas que puede aportar una terapia innovadora, como evitar discapacidades, prevenir recaídas o proporcionar autonomía. Ante la complejidad de medir estos intangibles, Beas ha apostado por dar más peso al valor social, no como una perspectiva sustitutiva del beneficio clínico, sino complementaria.
En la primera de las mesas redondas de este evento se ha discutito si la innovación debe considerarse una inversión y no un gasto. César de la Fuente, de la Subdirección General de Análisis Presupuestario, ha preferido hablar de "gasto productivo" y ha advertido de que cambiar el nombre no dará más flexibilidad: la clave, ha dicho, es la evidencia científica, y la metodología para medir los costes indirectos es aún poco homogénea. David Cantarero, de la Universidad de Cantabria, ha defendido que la innovación es "una compra de futuro" y que la Administración participará si se demuestra un retorno cuantificable.
María José Calvo, del Servicio Madrileño de Salud, ha reclamado historias clínicas interconectadas y métricas consensuadas entre comunidades autónomas. Javier de Castro, presidente de SEOM, ha alertado de la falta de equidad en el acceso y de los años de demora para que los fármacos lleguen al paciente pese al liderazgo español en ensayos clínicos. Calvo ha concluido que la sostenibilidad no debe ser una barrera para la innovación.
En la segunda mesa de debate de la jornada, centrada en trasladar el conocimiento del laboratorio al paciente, los ponentes han coincidido en la necesidad de medir los resultados en salud y el valor social de los nuevos fármacos y tecnologías, más allá del precio y el beneficio clínico. Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, ha defendido que el nuevo Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias es una oportunidad para medir "en conjunción" el valor clínico y social, con participación efectiva de los pacientes.
Jose Ángel Hernández, del Hospital Infanta Leonor, ha señalado que el problema no es la falta de innovación, sino la organización para incorporarla, y ha criticado la carga burocrática en consulta. Julio Mayol, del IdISSC, ha reclamado un cambio cultural basado en la transparencia y en datos de calidad e interoperables. Álvaro Giménez, del Gregorio Marañón, ha pedido anticipar cómo se medirán los resultados. Los ponentes también han apostado por separar evaluación y financiación, aunque en un proceso menos compartimentado.