OCU reclama indemnizaciones de 800.000 euros a Allergan por prótesis mamarias defectuosas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una demanda judicial ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid en representación de 28 mujeres afectadas por prótesis mamarias defectuosas de Allergan a través de la que pretende reclamar indemnizaciones por un importe total superior a los 800.000 euros, lo que supone una media de 29.277 euros por damnificada.

Tal y como ha explicado la OCU este lunes en un comunicado, en 2019, las alertas de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) y sus homólogas francesa (ANSM) y estadounidense (FDA) sobre el riesgo de que las prótesis de mama Biocell provocaran cáncer linfático, llevó a la compañía Allergan a anunciar su retirada del mercado. No es la primera demanda de este tipo que se presenta contra la compañía, ya que en 2022 esta misma asociación participó en otro proceso judicial de este tipo. 

OCU ha puesto a disposición de las afectadas peritos y abogados para reclamar por los modelos de prótesis afectadas y los riesgos asociados, interponer la demanda y solicitar una indemnización para aquellas mujeres que finalmente han desarrollado cáncer linfático, así como para aquellas que sufren daño moral por la amenaza y preocupación que supone el riesgo de padecer esta enfermedad.

Asimismo, la demanda incluye una reclamación de los gastos de retirada del implante defectuoso para aquellas mujeres que deseen realizarse esta intervención. En relación con este asunto, la Organización ha informado de que algunas de las afectadas se han explantado estas prótesis afrontando ellas todo el coste del proceso.

OCU ha recordado que, en una contestación de 2021, Allergan ya reconocía de manera expresa que las prótesis retiradas producían efectos adversos, suponían un riesgo para las personas y estaban ocasionando lesiones personales y secuelas a las implantadas; y que, por lo tanto, sus productos no cumplían con las legítimas expectativas de seguridad. Una respuesta que activaría automáticamente su programa de garantías al tiempo que confirma que son productos defectuosos según la definición legal de la legislación española.

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