La mujer de un paciente demanda al Gobierno por no aplicar la ley ELA

Han pasado casi siete meses desde que las Cortes Generales aprobaran por unanimidad la Ley ELA, la norma que busca dotar de recursos a los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica, que dependen de sus propios medios económicos para mantenerse con vida cuando la enfermedad avanza a su estado más grave. Desde entonces, se cifra en 600 el número de pacientes fallecidos, unos tres al día, según señaló en el Congreso de los Diputados la vicesecretaria de Sanidad del PP, Esther Muñoz.

La falta de financiación para esta ley hace que siga paralizada y las ayudas no lleguen a los pacientes, por lo que, tras repetidas reclamaciones por parte de asociaciones y grupos políticos para dotarla económicamente, la mujer de un paciente ha decidido presentar una demanda contra el Gobierno por “vulneración de derechos fundamentales”.

Yolanda Delgado es la ciudadana que ha decidido llevar esta reclamación por la vía judicial, denunciando el “abandono institucional” que han sufrido los pacientes “durante años”. Delgado lamenta que, a pesar de haberse aprobado el pasado 31 de octubre de 2024, “su aplicación ha sido paralizada por la falta de financiación, dejando a cientos de familias sin los recursos ni cuidados prometidos”. Por ello, argumenta que esta demanda se basa en la “vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, como el derecho a la dignidad, a la integridad física y moral, y a la protección de la salud”.

A través de un comunicado, Delgado y su representante legal esperan que esta iniciativa sirva de ejemplo para otras familias y abra la puerta a más acciones judiciales, con el objetivo de volver a “poner sobre la mesa la urgencia de aplicar una ley que, aunque aprobada, sigue sin ejecutarse”. "La dignidad no se mendiga", concluye la demandante.

El Gobierno no concreta plazos

La tortuosa situación que atraviesan estos pacientes en estado más grave les obliga a depender de ventilación asistida, por lo que asociaciones y grupos políticos han instado en repetidas ocasiones a dotar esta ley de financiación. Aún se desconoce la dotación económica con la que contará esta ley, pero desde la Fundación Luzón elaboraron un estudio para estimar los costes que debería sufragar esta norma, cifrándolo entre los 184 y 230 millones de euros, en base a los costes directos que actualmente asumen las familias de los enfermos de ELA. 

La última declaración del Gobierno al respecto se produjo el pasado miércoles, tras el reproche del PP por la falta de financiación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que “el Gobierno cumplirá con los pacientes de ELA”, aunque delegó en las comunidades autónomas la responsabilidad de atender a los pacientes. 

 En otra pregunta del grupo popular emitida en el Congreso el pasado mes de marzo, el Gobierno respondió por escrito que la financiación de esta ley queda supeditada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Unos presupuestos de los que, por el momento, no tienen visos de salir adelante.

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