Por Santiago Melo
21 de septiembre de 2026En España, más de 800.000 personas viven con enfermedad de Alzheimer y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos. Sin embargo, la llegada de los primeros tratamientos capaces de modificar la evolución de la enfermedad en fases iniciales ha abierto un nuevo debate sobre su acceso, después de que el Sistema Nacional de Salud haya decidido no financiarlos por el momento.
Se trata de lecanemab y donanemab, dos fármacos autorizados en la Unión Europea para determinados pacientes con Alzheimer inicial. En los ensayos clínicos, ambos lograron ralentizar el deterioro cognitivo en torno a un 27% y un 29%, respectivamente, a los 18 meses. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN), alrededor del 4% de las personas con Alzheimer en España podría beneficiarse de estas terapias.
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos decidió el pasado 15 de julio no incorporarlos a la financiación pública. En el caso de lecanemab, el buscador oficial de financiación del Ministerio de Sanidad lo recoge actualmente como “no financiado por resolución” para su indicación en enfermedad de Alzheimer incipiente.
La decisión deja, por ahora, el acceso a estos tratamientos limitado al ámbito privado. En el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, desde la SEN han pedido que se reconsidere esta resolución y sostienen que la incorporación de estas terapias debería realizarse mediante circuitos asistenciales que permitan seleccionar adecuadamente a los pacientes y garantizar su seguimiento.
La disponibilidad de tratamientos dirigidos a las fases iniciales hace todavía más importante el diagnóstico precoz. La SEN estima que más del 50% de los casos leves de Alzheimer permanecen sin diagnosticar en España y que el tiempo medio entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico supera los dos años.
A esta dificultad se suma el todavía limitado uso de biomarcadores. Actualmente, menos del 20% de los diagnósticos de Alzheimer se apoyan en estas herramientas, aunque la sociedad científica considera que su utilización debería alcanzar entre el 80% y el 90% en los próximos años. Estos biomarcadores permiten confirmar con mayor precisión la presencia de cambios asociados a la enfermedad y seleccionar a los pacientes que podrían beneficiarse de los nuevos tratamientos.
“Desde la SEN solicitamos a las autoridades sanitarias que reconsideren esta resolución, porque restringir el acceso a estos fármacos solo a quienes puedan costeárselos de forma privada vulnera el principio de equidad de nuestro Sistema Nacional de Salud”, señala Raquel Sánchez del Valle, coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN. La sociedad científica se ha mostrado además dispuesta a colaborar en la creación de circuitos “seguros, eficientes y sostenibles”.
Más allá del acceso a los nuevos medicamentos, el Alzheimer continúa suponiendo una importante carga sanitaria, económica y familiar. La enfermedad representa entre el 60% y el 70% de todos los casos de demencia y es responsable de una parte importante de las situaciones de dependencia en España.
El impacto recae especialmente sobre las familias. Las estimaciones disponibles sitúan en unos 35.000 millones de euros el coste anual del Alzheimer en España, mientras que el gasto medio asociado a cada paciente ronda los 42.000 euros anuales y puede superar los 77.000 en fases avanzadas. Las familias asumen alrededor del 86% de ese coste y, en ocho de cada diez casos, el cuidado principal corresponde a un familiar.
La SEN recuerda también que una parte importante del riesgo de demencia puede reducirse actuando sobre factores modificables. Mantenerse física, cognitiva y socialmente activo, controlar la diabetes, la tensión arterial y el colesterol, evitar el tabaco y el consumo de alcohol, tratar la pérdida de audición o visión y reducir la exposición a la contaminación son algunas de las medidas que pueden contribuir a disminuir el riesgo a lo largo de la vida.
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