Por Medicina Responsable
22 de junio de 2026La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre el conocido como caso mascarillas, por la que considera probada la existencia de un entramado de corrupción en la adjudicación de los contratos de suministro de trece millones de mascarillas durante la pandemia.
El Alto Tribunal ha condenado de esta forma al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asistente personal, Koldo García, a unas penas de prisión de 24 y 19 años respectivamente. Por su parte, el empresario Víctor de Aldama, ha recibido una condena sensiblemente inferior, de cuatro años y medio, que le permitirá evitar la cárcel a cambio de realizar servicios sociales en base a su colaboración en el proceso judicial.
La sala ha adoptado por unanimidad esta resolución al encontrarse indicios que acreditan el cobro de comisiones ilegales en la adquisición de este material sanitario. Los magistrados validan en la sentencia la versión de la fiscalía Anticorrupción, que sostenía que Ábalos había favorecido a determinadas empresas en la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario a cambio de una compensación económica por parte de Aldama, quien a su vez se habría beneficiado en calidad de comisionista por estas operaciones. Con la mediación de su asesor Koldo en este proceso, la resolución concluye que los tres acusados formaron parte de una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción. En total, Aldama se habría embolsado 3,7 millones de euros por estas operaciones, cuya gestión el tribunal ha determinado ilícitas.
El fallo ha llegado tras el juicio que quedó visto para sentencia el pasado 6 de mayo, después de 14 sesiones en las que testificaron más de 70 personas.
El relato judicial del Supremo apunta que a partir de 2018, el que también fuera secretario de organización del PSOE había comenzado a entablecer una relación con el empresario de la que ambas partes vieron una oportunidad para enriquecerse ilícitamente. Así, la sentencia expresa que se aprovecharon de la posición de poder de Ábalos para que este ejerciera su influencia y lograra las adjudicaciones, mientras que el propio Aldama también habría ejercido su influencia a través de Koldo como intermediario a través de la entrega de cantidades de dinero en efectivo a cambio de la adjudicación de contratos a empresas determinadas.
García era quien ejercía en esta trama como encargado de manejar las fuentes ilegales de ingresos de las que disfrutó el exministro, entre las que destaca la entrega de 10.000 euros mensuales por parte de Aldama.
Al exministro se le condena por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, emplazádole a cumplir un máximo de 16 años y medio. Por su parte, el exasesor del Ministerio, cumplirá una pena de 15 años como límite. A Aldama, su “aportación al descubrimiento de los delitos” le ha valido para evitar pasar por la cárcel.
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