Sociedades científicas y pacientes piden a Sanidad que reconsidere el rechazo a financiar los nuevos fármacos contra el alzhéimer

La decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) de mantener fuera de la financiación pública los primeros fármacos capaces de modificar el curso del alzhéimer continúa generando reacciones. Tras el rechazo anunciado la semana pasada, ocho sociedades científicas y organizaciones de pacientes han firmado un documento conjunto en el que expresan su "profunda decepción" y solicitan al Ministerio de Sanidad que reconsidere la medida.

El documento está suscrito por la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA), la Fundación CIEN, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG) y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). Todas ellas defienden que los tratamientos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) constituyen el primer avance capaz de ralentizar la progresión de la enfermedad en un grupo concreto de pacientes con alzhéimer temprano.

Las entidades recuerdan que nunca han defendido un uso indiscriminado de estos medicamentos. Al contrario, aseguran que el consenso científico apuesta por una selección estricta de los pacientes, protocolos homogéneos, seguimiento especializado e información transparente sobre los beneficios y los riesgos de estas terapias. "Los pacientes adultos, informados y responsables quieren tener la oportunidad de decidir libremente, con conocimiento de causa, si desean acceder a esta opción terapéutica", señalan en el comunicado.

Asimismo, consideran que algunos de los argumentos utilizados para justificar la negativa a financiar estos fármacos se apoyan en una interpretación parcial de la evidencia científica. En este sentido, sostienen que la reciente revisión publicada por Cochrane debe incorporarse al debate, pero advierten de que "no puede interpretarse de forma aislada ni convertirse en el único argumento para cuestionar unos tratamientos que ya han superado un proceso evaluatorio completo".

Aunque reconocen que el beneficio clínico de estas terapias es limitado y que sus riesgos son conocidos, recuerdan que actualmente no existe ninguna otra alternativa capaz de modificar la evolución de la enfermedad. Por ello, defienden que para muchas personas unos meses adicionales de autonomía, capacidad funcional o vida independiente pueden tener "un valor incalculable".

Las organizaciones también sostienen que la llegada de estos tratamientos representa una oportunidad para reforzar la atención al alzhéimer en España. A su juicio, su incorporación favorecería el fortalecimiento de las unidades de memoria, impulsaría el diagnóstico precoz, consolidaría equipos multidisciplinares y contribuiría a modernizar la atención a estos pacientes. "Las diferencias en el grado de preparación del sistema sanitario no deberían resolverse limitando el acceso de estos tratamientos a quienes podrían beneficiarse de ellos, sino acelerando la preparación allí donde todavía existen carencias", afirman.

Otro de los aspectos que más preocupa a las entidades es la desigualdad que, a su juicio, genera la decisión. Mientras los pacientes que puedan asumir el coste del tratamiento en la sanidad privada tendrán la posibilidad de acceder a él, quienes dependan exclusivamente del Sistema Nacional de Salud quedarán excluidos. Por ello, reclaman que se reconsidere la decisión y se adopten las medidas necesarias para garantizar un acceso en condiciones de equidad a quienes cumplan los criterios clínicos. "Las personas con Alzheimer, sus familias y sus clínicos llevan demasiado tiempo esperando una oportunidad que, aunque limitada, es real. No podemos permitirnos el lujo de renunciar a ella", concluyen.

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