SEOM reconoce que la decisión final de la prescripción “no siempre depende” de los oncólogos en la privada

La denuncia realizada por varios oncólogos en la que alegan  presiones por parte de una intermediaria de las aseguradoras privadas, la empresa Atrys Health-Bienzobas, para no prescribir tratamientos caros sigue generando preocupación en el sector sanitario. Cada vez más voces oficiales piden que se investiguen estas prácticas, por las cuales esta compañía habría estado intentando convencer a los doctores para cambiar su criterio al prescribir terapias caras por no considerarlas “coste-efectivas”, instándoles a optar por otras más baratas. 

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha reconocido que “la decisión final de prescripción no siempre depende del facultativo”, desmintiendo así la defensa de Atrys Health-Bienzobas, que defiende que los médicos siempre tienen la última palabra en este asunto. Desde esta empresa han emitido un nuevo comunicado, en el que recalcan que, su modelo de asesoramiento deja la decisión final "exclusivamente al médico" y que se han puesto a disposición de la SEOM para "analizar con máximo rigor la información publicada". Por su parte, el sindicato CSIF ha pedido a Muface que investigue estos casos entre los mutualistas, los pacientes más vulnerables al no tener acceso a la sanidad pública en caso de optar por tener su cobertura sanitaria con aseguradoras privadas. 

Desde SEOM denuncian la “falta de transparencia” en el proceso de autorización de estos fármacos para pacientes de aseguradoras privadas “sometidos a valoración por asesores oncológicos externos”. De esta forma, señalan que la toma de la decisión final no depende solo de los oncólogos “sino de otros actores como el asesor oncológico externo y la aseguradora correspondiente quienes, en ocasiones, no autorizan tratamientos incluidos en las guías de las sociedades médicas internacionales ni aprobados por las autoridades sanitarias”. 

En este punto, defienden la labor de los especialistas de oncología tanto de la privada como de la pública, mostrando su confianza “en el rigor y la profesionalidad de la actividad de nuestros socios en base a estándares de calidad contrastados”. Por ello, a través de un grupo de trabajo específico se han puesto en marcha para “recopilar toda la información disponible” con el objetivo de preservar la “libertad de prescripción basada en las mejores evidencias y guías, así como en los derechos de los pacientes a recibir el mejor tratamiento”.

Derivaciones a la sanidad pública

Estas supuestas presiones ejercidas para no prescribir estos tratamientos también estarían provocando derivaciones a la sanidad pública. La presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, explica a Medicina Responsable que Atrys Health-Bienzovas ejerce, por un lado, servicios de asesoría oncológica para las aseguradoras, a la par que “hace directamente la prestación oncológica en muchos casos”. 

En estos casos en los que la compañía ejerce como prestadora “intentan abaratar los costes enviando a los pacientes que tienen tratamientos de alto impacto económico a la sanidad pública”. Algo que ejemplifica con el caso de un paciente que, ante esta tesitura, ha optado por costearse el tratamiento él mismo. “Le querían derivar a la sanidad pública y no ha querido por la distancia a su casa o por las razones que sea”, apunta. En su caso, lo hace porque tienen posibilidades económicas y prefieren asegurar su tratamiento en lugar de quedarse con la incertidumbre del proceso. “Sobre todo sienten que sus derechos y su contrato con una compañía está siendo vulnerados”, añade a este respecto. 

Los pacientes de Muface, los más vulnerables

La denegación de tratamientos tiene unos efectos especialmente perniciosos para los funcionarios de Muface, ya que estos tienen la posibilidad de elegir anualmente en enero entre estar cubiertos por la sanidad pública o por la privada. En caso de optar por una aseguradora privada, no pueden acogerse a la pública, algo que no pasa al resto de usuarios de seguros médicos. 

Aunque cada año pueden cambiar, en el caso de tratamientos de cáncer, el tiempo de espera hasta cambiar su cobertura puede hacer que no lleguen a tiempo para tratar su cáncer porque el tumor haya crecido o porque el tratamiento no sea tan eficaz en un estado más avanzado de la enfermedad. “Si te pilla a final de diciembre puedes plantearte cambiar, pero si no, el cáncer no espera”, explica Barragán.

El sindicato CSIF, en el contexto de incertidumbre en los últimos meses por la renovación del concierto de Muface, venía denunciando los retrasos y anulaciones de citas médicas de estos mutualistas. En una queja emitida el pasado mes de diciembre ante el defensor del pueblo, aseguraban haber constatado casos de clínicas que pedían “a los funcionarios que se sufraguen ellos mismos los tratamientos si quieren ser atendidos”. 

En ese escrito, hacían alusión a algunos casos que coinciden con las denuncias de los oncólogos de presiones y retrasos para aprobar tratamientos. Entre ellos, estaba el caso de un familiar de mutualista con un diagnóstico de cáncer de próstata que llevaba tres meses a la espera de autorización para recibir tratamiento. 

Por ello, tras conocerse estas denuncias, exigen que se investiguen y “llegado el caso se tomen las decisiones pertinentes para que no se vea afectada la asistencia sanitaria”.

 

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