Aprobada en el Senado la “ley del aborto”

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como “ley del aborto”, ha sido aprobada en la Cámara Alta tras una votación con 146 votos a favor, 10 en contra y seis abstenciones.

La nueva norma garantizará la interrupción del embarazo en la sanidad pública en todo el Estado y permitirá a las menores de 16 y 17 años abortar libremente, derogando así el requisito que introdujo el PP con la reforma de 2015.

Tras las distintas deliberaciones de este miércoles en esta cámara, el proyecto volverá al Congreso para recibir su respaldo definitivo tras incorporar cambios mínimos de las cerca de 200 enmiendas que se han registrado a esta norma por parte de los distintos grupos parlamentarios. 

Blindaje frente a protocolos provida

Entre las modificaciones a la ley, que se presentaban ayer, se ha aprobado una enmienda introducida por el PSOE como respuesta al gobierno de Vox de la Junta de Castilla y León, que quería hacer que las mujeres que quisieran abortar tuvieran que oír el latido fetal o ver una ecografía 4D. Al final, el Senado ha decidido no condicionar la voluntad de una mujer, "ya sea para afianzar, revocar o para demorar" su decisión de interrumpir su embarazo, al tiempo que se establece que solo se permitirá comunicarle "información clínica imprescindible y pertinente". 

Otras modificaciones

Otro de los cambios, prestando por Compromís, modifica el artículo 19.2, y exige que “los centros sanitarios proporcionarán el método quirúrgico o farmacológico, de acuerdo con los requisitos sanitarios de cada uno”, añadiendo que “se informará a la mujer sobre los procesos y sus efectos secundarios”.

Además de garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública española en todo el territorio nacional, la “ley del aborto” establece un registro de objetores de conciencia y elimina la exigencia de la autorización de los padres para las menores de 16 y 17 años. Quedan eliminados también los tres días de reflexión y la obligación de dar un sobre cerrado con información (ayudas, recursos, etc.) a las mujeres, y reconoce una baja laboral por menstruaciones incapacitantes, a cargo del Estado desde el primer día.

Para el principal partido de la oposición, se trata de un proyecto de ley ideológico que no va a evitar que en España se sigan produciendo un número de abortos “elevado”.

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