Sanidad valenciana investiga posibles irregularidades en los programas de cribado de cáncer

La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha ordenado investigar posibles irregularidades en la gestión de los programas de cribado de cáncer en los últimos años ante los indicios de anomalías detectadas en los informes elaborados por técnicos de la propia consejería. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha afirmado que los informes “evidencian el abandono de los programas de cribado de cáncer de mama y colon en los últimos años”.

Sanidad de la región denuncia que “el programa carece de la estructura necesaria para atender la demanda”. En concreto, trasladó que habían detectado retrasos de hasta cuatro años en la primera citación entre 150.000 y 200.000 mujeres en el programa de detección precoz de cáncer mama, así como demoras de dos años para realizar las mamografías de seguimiento. Además, en mayo de 2022, en Castellón se continuó invitando a la participación en el programa y, por tanto, acumularon una bolsa de pruebas diagnósticas pendientes, que en julio de 2023 ascendía a cerca de 700.

Gómez ha señalado que la Conselleria ha detectado “una absoluta discordancia orgánica y funcional en el programa de cribado de mama, fruto de la misma discordancia política y funcional que existía entre la Dirección General de Salud Pública, gestora del programa, y la Dirección General de Asistencia, que gestionaba al personal de las UPCM a través de los departamentos de salud”. De acuerdo con Gómez, el “mestizaje del Botànic, gobierno de coalición entre el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) y Coalició Compromís (Compromís), provocó la decadencia de este programa”, que nació en 1992 con sólo tres  unidades y creció progresivamente hasta alcanzar en 2001 las 24 actuales, una por departamento de salud, convirtiéndose entonces en un programa pionero y referente nacional en la detección precoz del cáncer de mama.

Por su parte, el defensor del Paciente ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Valencia las posibles irregularidades en los programas de cribado de cáncer de mama, de colon y de cérvix en los años del gobierno del Botànic para depurar posibles responsabilidades. "Queremos que se investiguen la veracidad de estos datos porque, de ser ciertos, estas mujeres han sido puestas en riesgo para su salud o vida, lo que significa una responsabilidad y dejación de funciones de quienes no hayan tomado las medidas de precaución".

El Defensor del Paciente ha fundamentado su solicitud en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público, a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal.

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