La Sanidad, en el aire, tras las elecciones del 23J

Los resultados tras las elecciones generales del 23J han dejado un escenario político incierto en nuestro país. Gobernar o no dependerá de pactos que, si no se logran cerrar, nos llevarán de nuevo a otras elecciones generales. Con un ambiente de incertidumbre, aún se desconoce quién será el próximo presidente de España y, por lo tanto, tampoco qué políticas sanitarias se afrontarán en la próxima legislatura. 

Los barómetros ya vaticinaron unos comicios en dos bloques y esto se ha cumplido. El Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) han sumado más escaños que en las últimas elecciones generales de 2019. El partido liderado por Núñez Feijóo ha logrado 136 escaños, 47 más que en las anteriores elecciones, mientras que el partido socialista 122, dos más que en los pasados comicios, pero ninguno puede gobernar solo, lo que obliga a los líderes de los partidos a plantear pactos, no solo con la tercera y cuarta fuerza política (Vox, con 33 escaños y Sumar, con 31) sino también con grupos como Esquerra o el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Cómo queda la sanidad

Los 136 escaños logrados por Núñez Feijóo y los 33 por el líder de Vox, Santiago Abascal, no son suficientes para alcanzar los 176 necesarios para poder gobernar; y alcanzar acuerdos con el resto de los grupos parlamentarios es más que improbable. Por ello, a no ser que hubiera repetición de elecciones y cambiaran significativamente los resultados, las medidas propuestas por el PP para mejorar la sanidad no parece que vayan a ser aplicadas en un corto periodo de tiempo. La principal, la modificación de la Ley General de Sanidad, vigente desde 1986, para actualizar la gobernanza del actual SNS; pero también destaca un Plan de Choque para la Atención Primaria, una oferta pública adicional de 1.000 nuevas plazas MIR cada año y un Plan Nacional Contra las Agresiones a los profesionales sanitarios. Por su parte, el partido de Pedro Sánchez puso sobre la mesa sus prioridades: limitar por ley las listas de espera en hospitales, con plazos máximos de espera de 30 días para pruebas complementarias, 15 días para asistencia psicológica a jóvenes y 60 días para obtener una cita de consultas externas, independientemente del lugar de residencia. En este sentido, mediante un marco normativo, prometió impulsar un criterio fijo de proximidad de los servicios públicos y su acceso a los habitantes de las zonas rurales que será de 30 minutos máximo. 

De acuerdo con Enrique Bernal Delgado, investigador senior de la Unidad de Investigación en Políticas y Servicios Sanitarios del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, es muy prematuro hablar de impacto de las elecciones sobre la Sanidad. "Es cierto que la cartera de servicios, el sistema de financiación y la titularidad de derecho estaban en discusión en el parlamento saliente; también lo estaba la creación de una agencia de salud pública. Entiendo que estas cuestiones, paralizadas por la convocatoria de elecciones, seguirán estando en la agenda y serán objeto de debate tras la configuración de las Cámaras, esta vez con un Senado con mayoría absoluta del PP".

Asimismo, Bernal recuerda que la Atención Sanitaria está completamente transferida a las comunidades autónomas desde el año 2001, algunas desde mucho antes, al igual que la Salud Pública, por lo que las políticas relacionadas con estos temas dentro de las CCAA pueden seguir desarrollandose. "Aunque es verdad que las CCAA tienen poco margen para grandes reformas, ya que son parte del trabajo del Consejo Interterritorial, del Ministerio de Sanidad y de las Cámaras. Sólo la prestación de los servicios a través de proveedores privados podría ser objeto de interés para alguna comunidad autónoma, generalmente las gobernadas por el PP, con o sin Vox; aunque, este interés se circunscribiría a aquellas comunidades en las que el tejido existente de aseguradoras y hospitales de titularidad privada pueda generar interés comercial a sus titulares, Madrid a la cabeza, Baleares, Murcia y grandes capitales. En el resto es de esperar continuidad de criterio en la relación público-privado para la prestación de los servicios". 

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