Sanidad rechaza informar sobre el precio de varios medicamentos, como pide Transparencia

La Organización de consumidores y usuarios (OCU) y la fundación sin ánimo de lucro que defiende un modelo de salud universal Salud por Derecho, han denunciado que el Ministerio de Sanidad sigue escudándose en “la confidencialidad que protege a la industria farmacéutica” para no informar sobre el precio de varios medicamentos de alto coste, pese a que el Consejo de Transparencia instó al Ejecutivo a compartir la información.

A través de un comunicado, estas dos organizaciones responsables de la campaña “No es sano”, explican que Sanidad ha presentado un recurso contencioso administrativo contra esa resolución del Consejo de Transparencia que les instaba a dar la información en un plazo de diez días.

En los últimos años, No es Sano ha realizado varias acciones para aplicar transparencia a todo el proceso de aprobación y financiación de nuevos medicamentos y terapias por parte del Sistema Nacional de Salud y ha realizado varias peticiones al Ministerio de Sanidad, a través del Portal de la Transparencia, para conocer los precios reales de diferentes medicamentos, principalmente los nuevos, y con coste más elevado, así como su impacto en el presupuesto. Hasta la fecha, esta organización ha presentado hasta una decena de peticiones, pero Sanidad alegó que son confidenciales porque solo así España puede conseguirlos a un precio más ventajoso.

Según la asociación No es Sano, mantener esta información en secreto permite a la industria farmacéutica negociar con cada Estado un precio diferente, en función de lo que cada país esté dispuesto a pagar. “Al tratarse de fármacos pagados por la ciudadanía, debe prevalecer siempre el interés público por encima de los intereses comerciales. No habrá precios justos y asequibles mientras no haya negociaciones justas y las negociaciones justas no son posibles mientras no haya transparencia”, alegan.

Desde el Ministerio de Sanidad explican que el sistema funciona al igual que en muchos otros países con un sistema donde coexisten dos precios: el notificado, que serviría para la referenciación internacional y que se aplicaría en la compra de medicamentos sin receta pública; y el de facturación (menor que el notificado) con condiciones más favorables pactadas para el medicamento que son de aplicación para la financiación pública.

Fuentes del Ministerio apuntan que la ruptura de la confidencialidad implicaría una pérdida de capacidad negociadora y competitiva en precios que conllevaría un perjuicio para el interés público, como ocurre en el caso de estas resoluciones. La legislación vigente establece la confidencialidad de toda la información y el Ministerio cree que la quiebra de esta garantía por razón de la transparencia de la actuación administrativa "causaría un perjuicio irreparable a nuestro sistema sanitario".

No es Sano se ha personado en esta causa a través de dos de sus organizaciones promotoras, la Fundación Salud por Derecho y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). “No podemos seguir permitiendo que la industria farmacéutica sea quien marque las líneas de la negociación de la compra de nuevos fármacos, imponiendo el secretismo”, defiende Vanessa López, directora de Salud por Derecho.

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