La sanidad privada reclama “más colaboración” con la pública y huir de ideológías

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha presentado un decálogo con una serie de demandas sanitarias para que se apliquen en la próxima legislatura, con el objetivo de reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS). Todas estas propuestas serán expuestas ante el Gobierno que surja en las próximas elecciones generales del 23-J.

Según Carlos Rus, presidente de ASPE, tras analizar los programas electorales de cada uno de los candidatos a la presidencia del Gobierno, “existe una serie de puntos donde, a priori, hay un amplio entendimiento de nuestras inquietudes”. Por ejemplo, señala el consenso en fomentar la interoperabilidad del sistema público-privado, que la historia clínica sea una realidad y que se cuente con la colaboración de la privada para establecer estrategias para reducir los tiempos de espera. También menciona que hay cierto alineamiento en que se establezcan medidas que palien el déficit de profesionales, además de que todos los partidos muestran interés en impulsar el desarrollo de programas I+D+I.

No obstante, recalca que, fuera de estos puntos, hay discrepancias y falta de apoyo generalizado en otros aspectos que también son “vitales”. Entre ellos, menciona los conciertos de colaboración público-privada y la mejora de las condiciones, la estandarización de criterios entre las distintas CC. AA o el mutualismo administrativo. Además, “llama la atención las escasas medidas concretas con respecto a la falta de profesionales”.

Motivo de ello, han elaborado este decálogo con algunas propuestas de mejora. Entre las medidas y planteamientos se abordan cuatro ejes de carácter estratégico: una mejor planificación de los recursos humanos; más y mejor colaboración público-privada; garantías y transparencia en las relaciones con el aseguramiento de salud y la mejora del acceso de los pacientes a la última tecnología y tratamientos terapéuticos.

Mejor planificación de los recursos humanos 

El déficit es uno de los mayores problemas del SNS. “Desconocemos cuántos profesionales hay, dónde están, qué especialidad tienen o cuál es su edad”, señala Luis Mendicuti, secretario general de la patronal. Según las últimas estimaciones, el 95% de los hospitales tiene necesidad media-alta de contratación de personal de enfermería, y el 58%, de personal médico. De cara al futuro, se calcula que en 2027 harán falta 9.000 médicos anuales en el SNS. Por ello, proponen planificar mejor las necesidades de recursos humanos a medio y largo plazo, contando con los ámbitos público y privado.

Por otro lado, para asegurar la disponibilidad de profesionales en las especialidades más demandadas, afirman que es crucial avanzar en procesos de re-especialización médica, de modo que los médicos no tengan que presentarse de nuevo a un examen del MIR para cambiar de título, sino completar la formación restante en un periodo más corto de tiempo y con una evaluación de competencias.

Otra de las propuestas es consolidar el rol del personal de enfermería para implementar al máximo sus competencias y su desarrollo profesional. Para ello, ASPE apuesta por reforzar y ampliar la formación de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería pasando a ser un grado superior de Formación Profesional.

Asimismo, la patronal insiste en la necesidad de seguir avanzando en la agilización de los procesos de homologación y equivalencias de títulos universitarios de diferentes países. Por ello, alega la necesidad de que se reduzcan las incompatibilidades de ejercicio de los profesionales en la sanidad pública y la privada para evitar diferencias interpretativas en las C.C.A.A.

Más y mejor colaboración público-privada

Otra de las principales demandas de ASPE es que haya una mayor y mejor colaboración público-privada. Para lograrlo, abogan por impulsar la toma de decisiones sobre gestión sanitaria en base a criterios de eficacia, eficiencia y mejor aprovechamiento de los recursos. El secretario general señala que, en muchas ocasiones, “estas decisiones se toman en base a cuestiones ideológicas, como el caso del proyecto de la Ley de Equidad”.

También quieren que se planifique mejor la respuesta a la demanda asistencial, teniendo en cuenta todos los recursos asistenciales disponibles para una mejor utilización de estos. De hecho, indican que, actualmente, hay una nula planificación a la hora de utilizar la colaboración público-privada. “Por lo general, el único criterio empleado es la necesidad de reducir las listas de espera”, asegura Mendicuti. Además, añade que, una vez se ha generado el problema, “se echa mano” del resto de recursos disponibles en cada comunidad autónoma.

Garantías y transparencia en el sector asegurador

Actualmente, el 65% de los pacientes tratados en centros sanitarios privados tienen un seguro de salud. Por ello, consideran que es esencial establecer un marco de garantías y transparencia entre aseguradoras y prestadores de la asistencia sanitaria. Además, remarcan la necesidad de que haya una visión de conjunto del SNS y que el Ministerio de Sanidad también forme parte de todo ello. “El Ministerio de Sanidad no puede vivir de espaldas a lo que ocurre en la sanidad privada porque lo que ocurre aquí afecta a la sanidad de nuestro país”, hace hincapié Mendicuti.

En este aspecto, también consideran imprescindible regular por escrito las condiciones que vinculan a las entidades aseguradoras y los centros sanitarios, dado que en ocasiones no son conocidas por todas las partes. Además, indican que es necesario definir qué datos de los pacientes pueden ser compartidos con las aseguradoras. El problema radica en que actualmente los centros sanitarios solo pueden comunicarles los datos estrictamente necesarios para la facturación del servicio dado al paciente, pero no siempre está claro cuáles son.

Acceso a las nuevas tecnologías

Desde ASPE también consideran que hay que aprovechar la oportunidad que brinda la nueva normativa europea que permite adaptar la imposición fiscal de dispositivos y artículos sanitarios. La situación fiscal de estos dificulta la incorporación de nueva tecnología a todos los hospitales, tanto públicos como privados, al aumentar su coste un 21%. Por ello, apuestan por aprovechar la Directiva europea 2022/542, que entra en vigor el 1 de enero de 2025, para que estos tengan un IVA reducido y superreducido.

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