Las prestaciones por incapacidad temporal se disparan un 80% desde 2019: “Está en riesgo el sistema de bienestar”

Las prestaciones por incapacidad temporal (IT) en España han experimentado un fuerte incremento en los últimos años hasta alcanzar los 16.480 millones de euros, lo que supone un aumento cercano al 80% desde 2019 y convierte a estas ayudas en la segunda mayor partida de gasto de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones. Estos, según los expertos del ámbito sanitario, económico y laboral, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de bienestar si no se adoptan medidas para mejorar su gestión.

Este fue uno de los principales mensajes de la jornada “La Incapacidad Temporal en España: sostenibilidad, equidad y gobernanza en tiempos de cambio”, organizada por la Fundación Economía y Salud en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo. El encuentro reunió a representantes de la administración pública, sindicatos, patronales, mutuas y profesionales sanitarios para analizar el impacto económico y sanitario de las bajas laborales y plantear posibles reformas del modelo actual.

Durante la apertura del acto, el presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Giménez Artés, destacó que la incapacidad temporal se ha convertido en “un campo prioritario sobre el que trabajar”. En este sentido, recordó que un informe reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que las bajas laborales han aumentado más de un 60% en los últimos siete años.

Por su parte, Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid y exsecretaria de Estado de Empleo, advirtió de que el sistema se enfrenta a una “profunda tensión entre la necesaria protección de la salud de los trabajadores y un coste económico cada vez más difícil de sostener”. A su juicio, España se enfrenta a “un desafío nacional que requiere un pacto de Estado urgente” que permita mejorar la gestión de las bajas y frenar el absentismo injustificado sin recortar derechos sociales.

Costes crecientes para empresas y Seguridad Social

Durante una mesa redonda dedicada a la radiografía del sistema, los expertos analizaron el impacto económico de la incapacidad temporal. Según los datos presentados, el pago de prestaciones alcanza los 16.480 millones de euros, mientras que el Banco de España estima en 4.613 millones de euros los pagos directos asumidos por las empresas en concepto de complementos salariales vinculados a las bajas, un 62% más que en 2019.

Además, España se sitúa en el sexto lugar de la Unión Europea por gasto en prestaciones por incapacidad temporal en relación con el PIB.

El profesor José María Peiró, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), alertó de que el impacto de las bajas laborales va más allá del gasto público: “La incapacidad temporal genera otros costes asociados, como la saturación del sistema sanitario, menor producción y una menor generación de riqueza, lo que pone en juego la sostenibilidad del sistema de bienestar”.

Gobernanza y presión sobre el sistema sanitario

Otro de los bloques del encuentro abordó la gobernanza del sistema y las ineficiencias en el control de los procesos de baja. Representantes de organizaciones empresariales, sindicatos y mutuas coincidieron en la necesidad de mejorar la coordinación entre servicios de salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas y las empresas, así como en la conveniencia de introducir mayor transparencia y agilidad en la gestión.

En paralelo, los expertos señalaron el impacto creciente de las bajas laborales en el sistema sanitario, especialmente en Atención Primaria, donde el aumento de las listas de espera y los nuevos patrones de incapacidad relacionados con la salud mental están generando una presión adicional sobre los profesionales.

La jornada concluyó con una mesa centrada en las posibles reformas del sistema. Entre las medidas planteadas destacan la redefinición del papel del INSS en la gestión de las bajas, la introducción de modalidades de incapacidad temporal a tiempo parcial y la simplificación de los trámites administrativos para reducir la carga burocrática que soportan tanto médicos como trabajadores.

Los participantes coincidieron en que la evolución del mercado laboral, marcada por fenómenos como el teletrabajo o las plataformas digitales, exige actualizar el modelo actual de incapacidad temporal para garantizar su sostenibilidad sin comprometer la protección de los trabajadores.

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