
Por Virginia Delgado
21 de abril de 2026Incertidumbre y miedo. Esto es lo que sienten a diario los padres de niños con riesgo de anafilaxia, una reacción alérgica grave a alimentos, picaduras de insectos o medicamentos que afecta a múltiples órganos simultáneamente y puede causar la muerte.
El temor se multiplica en aquellos momentos en los que los pequeños no están supervisados por sus progenitores, como en horario escolar. En el colegio pasan un tercio de su día y, aunque la mayoría de los pequeños saben cómo actuar en caso de una reacción alérgica, la intranquilidad no desaparece. Y es que, en España, cuando ocurre un episodio, los profesores y el personal que trabaja en un centro educativo no están obligados a intervenir directamente, sino que el deber de socorro se limita a avisar a los servicios de emergencia. Un aviso que puede prolongarse, llegando a consecuencias tan irreversibles como la muerte.
Esta realidad ha impulsado a la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA), con el respaldo de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), a ir al Congreso de los Diputados con el manifiesto “Cada minuto cuenta”. Un documento que reclama una normativa común en los centros educativos de todo el territorio nacional para la prevención y actuación frente a la anafilaxia.
“La vida de nuestros hijos está en juego. La respuesta ante una anafilaxia no puede depender de la buena voluntad de un profesor o de otro trabajador del colegio. Debe haber un marco regulatorio que les obligue a darles asistencia. Tienen que tener las herramientas para poder proteger a nuestros hijos. Entendemos que poner adrenalina puede asustar, por ello, han de darles formación y concienciarles. Por otro lado, deben reconocer los síntomas tanto en los niños que ya están diagnosticados como los que no, porque en cualquier momento puede debutar una alergia. Y, si ocurre en el colegio, tienen que saber reaccionar”, explica a Medicina Responsable Gabriela Huelin Rueda, madre de un menor con alergia y vocal de la junta directiva de AEPNAA.
Además de esta formación, el manifiesto “Cada minuto cuenta” presentado en el Congreso de los Diputados plantea otras medidas, como la implantación de protocolos claros y homogéneos, la disponibilidad de autoinyectores de adrenalina en todos los centros y una coordinación entre los sistemas sanitario y educativo. También, el documento insta a elaborar planes individualizados para menores con riesgo conocido, acordados entre familia, centro educativo y equipo médico.
El presidente de AEPNAA, Ángel Sánchez, ha destacado que este manifiesto supone un nuevo paso tras años de trabajo con administraciones y comunidades autónomas, y ha subrayado la necesidad de avanzar hacia una legislación que garantice la igualdad de derechos con independencia de en qué comunidad autónoma esté escolarizado el alumno o alumna con alergia alimentaria. “El objetivo es construir una nueva cultura en los centros educativos, donde la alergia alimentaria deje de ser un problema invisible o molesto y se aborde con responsabilidad y conocimiento”, ha subrayado.
Baleares es una de las comunidades pioneras en iniciar la elaboración de una normativa específica para prevenir, detectar y atender reacciones anafilácticas en centros educativos no universitarios. La directora general de Salud Pública de la Consejería de Salud, Elena Esteban, ha manifestado que ya están trabajando "activamente para que se materialice muy pronto y permita dotar de un marco jurídico completo, homogéneo y garantista para reforzar la seguridad sanitaria en el entorno escolar”.
Fuera de nuestras fronteras, en Reino Unido, a partir de septiembre de 2026, será obligatorio en todas las escuelas disponer de autoinyectores de adrenalina de repuesto en el centro, así como proporcionar formación anual obligatoria a todo el personal e implementar planes de salud individuales y políticas de alergias auditables.