El adelanto electoral paraliza algunas de las leyes de salud que estaban en trámite

El adelanto electoral anunciado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, previsto para el próximo 23 de julio, ha dejado en el limbo proyectos que llevaban en tramitación desde el año 2020. En total son 62 las leyes que, al disolverse las Cortes, no entrarán en vigor. De ellas, cerca de una decena pertenece al mundo sanitario y regulan, entre otros temas, los derechos de los enfermos, de las familias o nuevas ayudas a la dependencia. Las leyes suspendidas volverán a tramitarse en la próxima legislatura, siempre que el próximo Gobierno las quiera sacar adelante.

Ley del Derecho al Olvido Oncológico

En el primer día de campaña electoral, a 15 días de las elecciones municipales del 28M, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió con las asociaciones de lucha contra el cáncer a instaurar el derecho al olvido oncológico el próximo mes de junio. Para ello, era necesario impulsar una iniciativa legislativa que declarara nulas todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o discriminen a la hora de contratar productos o servicios como pólizas de seguros o préstamos hipotecarios. La nueva norma, que se adaptaba al reglamento europeo, -la Unión Europea exige que los países miembros dispongan, antes del año 2025, de una legislación que evite la discriminación de los pacientes oncológicos por parte de aseguradoras y bancos- tendría que entrar en vigor este verano, pero, por ahora, no será posible.

Ley de Familias

A pesar de que tenía la consideración de urgente, el proyecto de Ione Belarra, de Unidas Podemos, que estaba en trámite desde finales de abril, no sigue adelante. La Ley de Familias, aprobada en Consejo de Ministros hace dos meses, recoge, entre otras medidas, el reconocimiento de la diversidad de las situaciones familiares, así como nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos, padres y convivientes.

La norma, creaba tres permisos de cuidados: uno por cuidado de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente; otro de ocho semanas, para disfrutar hasta que el menor cumpliera ocho años, y otro de cuatro días para atender a un familiar que requiriera atención inmediata. También ampliaba la renta de 100 euros al mes a las familias con hijos hasta los tres años, una extensión que incluía a todas las madres que estuvieran percibiendo una prestación por desempleo, y también a las que cotizasen 30 días a partir del parto. Asimismo, reconocía el derecho a la atención temprana, gratuita y de calidad y no limitada a la primera infancia.

Ayudas a la dependencia

La proposición de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia decae. Este colectivo tampoco se beneficiará, de momento, de la rebaja del IVA al 4% de todos los servicios relacionados con la dependencia, que también se encontraba en tramitación.

Ley de Equidad

La conocida como “Ley Darias”, también queda paralizada. Empezó a tramitarse el verano pasado para, según el Gobierno, fortalecer la sanidad pública y modificar diversas normas con el objetivo de consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, distintas organizaciones como La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y el Instituto para el Desarrollo de Integración de la Sanidad (IDIS), que reúnen a empresas sociosanitarias de titularidad privada en España, ya expusieron sus quejas ante una ley que aseguran “pondría en peligro la colaboración público-privada”. De hecho, de acuerdo con un informe presentado por IDIS, las consecuencias que tendría su aprobación serían “devastadoras” para la sanidad pública. Entre ellas, aumentaría un 153% las listas de espera, los índices de ocupación hospitalaria pasarían al 85% y, en caso de absorción total de la actividad concertada, el gasto público podría ascender a los 8.500 millones de euros.

Ley ELA

Esta norma esperaba ser tramitada en el Congreso de los Diputados para mejorar la vida de las personas que sufren Esclerósis Lateral Amiotrófica, pero la falta de voluntad política no ha permitido que salga adelante, algo que ha enfurecido al activista con ELA, Jordi Sabaté, que ha estallado contra Sánchez por el adelanto electoral diciendo: “Ni olvido, ni perdón”.

Ley Salud Mental

En la misma coyuntura se encuentra la ley de Salud Mental. Podría haber sido la primera legislación en la historia que regula en esta materia, pero nada parece indicar que vaya a salir adelante. La Proposición de ley General de Salud Mental, impulsada hace ya más de un año y medio por Unidas Podemos, no solo ha sufrido casi 60 prórrogas, sino que sigue a falta de un consenso con el socio mayoritario de la coalición.

La normativa contempla unas ratios mínimas de profesionales formadas, al menos, por 8 psiquiatras, 18 psicólogas clínicos y 23 enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes. Asimismo, planteaba la creación de un Centro Estatal de Salud Mental, así como garantizar la intimidad, la libertad y la autonomía personal de los enfermos.

Otras

Entre otras propuestas de ley, que habían sido registradas en el Congreso, pero no habían llegado a ser debatidas en el Pleno para su toma en consideración, están las leyes para legalizar la gestación subrogada, para recuperar la asignación por hijo a cargo o la norma para priorizar la custodia compartida en caso de divorcio. 

La convocatoria de elecciones obliga a que todas las normas que no se hayan aprobado mueran parlamentariamente sin su aprobación. Sánchez ya no puede impulsar nuevos proyectos de ley, pero sí tiene las manos libres para seguir aprobando decretos-leyes, con los mismos límites que en el resto de la legislatura. Con el Congreso disuelto, la Diputación Permanente es el órgano que asume la competencia de convalidar estos textos. El Ejecutivo solo entrará en funciones una vez celebradas las elecciones.

 

---