País Vasco y Extremadura estudian recurrir ante la justicia el uso obligatorio de la mascarilla

El uso obligatorio de las mascarillas en hospitales y centros sanitarios, impuesto por el Ministerio de Sanidad, sigue generando reacciones. A pesar de que la ministra Mónica García anunciara ayer, tras “haber recibido todas las propuestas de las comunidades autónomas”, que flexibilizaría la medida permitiendo a las comunidades retirar la obligatoriedad cuando mejore su situación epidemiológica, País Vasco y Extremadura han anunciado que estudian presentar un recurso frente a esta medida porque consideran que “vulnera la legalidad e invade competencias de las CCAA”.

El Gobierno Vasco ha declarado en un comunicado que hará cumplir, mientras esté vigente, la medida, pero presentará recurso contra la misma ante la administración de justicia en los términos que sus servicios jurídicos determinen.  De acuerdo con el gobierno autonómico, el artículo 65 de actuaciones coordinadas salud y seguridad alimentaria de la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, señala en su primer artículo que “la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas.”

Sin embargo, desde el ejecutivo vasco aseguran que “no ha habido acuerdo previo del Consejo Interterritorial y que no se ha comunicado a las CCAA directamente afectadas en este caso, todas, independientemente de su situación epidemiológica, antes de tomar esta decisión”. Además, recuerdan que “el Ministerio tiene competencias en materia de salud, pero son las CCAA las que asumen la responsabilidad de la gestión y la atención sanitarias. Por eso no se entiende que el Ministerio, sin acogerse a la legalidad y en contra de la opinión de los expertos, haya ignorado las propuestas de consenso trasladadas por algunas comunidades, entre ellas Euskadi”.

La postura de Extremadura

La comunidad extremeña, por su parte, tambiénacatará la orden del Ministerio de Sanidad y exigirá el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios. No obstante, se llevará a cabo un análisis para determinar si esta medida del Ministerio ha incumplido la legalidad establecida por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Es importante destacar que Extremadura respalda el uso de mascarillas y ha recomendado su aplicación generalizada en los centros sanitarios. Sin embargo, la Junta de Extremadura “no comparte la manera de proceder del Ministerio. La ministra Mónica García, en un corto periodo, ha desestimado el esfuerzo conjunto, durante años, del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que trabajaban en un marco de consenso y colaboración, donde se escuchaban mutuamente”. Además, añaden que “resulta preocupante que la ministra haya tomado una decisión unilateral sin consultar criterios técnicos y desoyendo a todos los consejeros marcando un precedente inquietante más allá de la propia decisión”. Y es que, desde la Consejería de Salud extremeña señalan que, en la reunión del pasado lunes, ninguno de los consejeros de sanidad presentes expresó su apoyo a la obligatoriedad de las mascarillas. “Incluso aquellos que optaron por implementar la medida en sus comunidades lo hicieron con la preferencia de aplicarla a nivel regional en lugar de a nivel nacional”.

 

 

 

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