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Distintas entidades promueven un Pacto de Estado que proteja a los menores de las tecnologías

La Asociación Europea para la Transición Digital, la Fiscalía de Menores y la Agencia Española de Protección de Datos han consensuado un documento con 15 medidas

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Distintas entidades promueven un Pacto de Estado que proteja a los menores de las tecnologías
Freepik

Por Gema Puerto

29 de noviembre de 2023

Según datos de Digital Report España 2023, más de 45 millones de españoles usan diariamente internet, y de ellos, 40,7 millones tienen al menos una cuenta en una red social. Pero la omnipresencia de las aplicaciones digitales no es solo cuestión de adultos, los menores también abusan de estas tecnologías, en algunos casos incluso con mayor intensidad que los más mayores. Así lo afirma la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD), que apunta que la llegada del primer móvil de uso personal en España está en torno a los 10,96 años y el 90,8% de los adolescentes se conectan todos o casi todos los días a Internet, y el 98% de ellos está registrado en alguna red social.

El abuso de los medios tecnológicos genera riesgos y problemas para los menores, señalan desde AETD. Su uso por parte de niños y adolescentes es especialmente sensible; además de porque se encuentran en un momento evolutivo y de neurodesarrollo, porque puede afectar a su socialización y puede potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, además de facilitar situaciones de violencia como el acoso escolar y sexual u otras formas de violencia contra la infancia y adolescencia. Como apuntan desde la AETD, el acceso a la tecnología se ha convertido, en muchas ocasiones, en una puerta a contenidos pornográficos, que generan una banalización de las relaciones sexuales, sexualización precoz, sesgos de género y exposición a contenidos inapropiados para los que no están preparados los niños.

Por todas estas razones, la AETD, junto con seis entidades de la sociedad civil (Save The Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale Una Vuelta y Unicef), con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Fiscalía General del Estado, han consensuado una propuesta de Pacto de Estado ante un problema cada vez más acuciante: el impacto negativo que, en determinadas circunstancias, puede tener el uso de Internet y las redes sociales en los menores de edad.

Por un Pacto de Estado

Para que se lleve adelante este Pacto de Estado las entidades anteriores han suscrito 15 medidas que también han firmado 131 entidades y que inciden en la necesidad de asumir el problema, formar a los profesionales para afrontarlo y desarrollar la legislación vigente para que todos los actores implicados asuman su responsabilidad en la necesidad de un entorno digital que no dañe a una población vulnerable, como son los niños y los adolescentes. “Se trata de unas propuestas de consenso nacidas de la sociedad civil. Nuestro objetivo es trasladar esta propuesta al Congreso de los Diputados y al Senado para hacer un Pacto de Estado que permita que cualquier gobierno lo continúe en el tiempo”, señala Sonsoles Bartolomé, directora del departamento Jurídico de las líneas de ayuda de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo ANAR.

El objetivo es “reconocer el uso compulsivo de la tecnología como un problema de salud pública generalizado que debe ser abordado y prevenido desde tres pilares: formando una ciudadanía digital responsable, desarrollando propuestas que ahonden en la educación afectivo-sexual y, en tercer lugar, formando a padres y madres para que adquieran herramientas que les ayuden a lidiar con los riesgos digitales que corren sus hijos”, explica Bartolomé.

Sin embargo, como señala la experta jurídica, en todo este proceso de prevención, también hay que contar con otros sectores de la población, como son los maestros y los sanitarios, que deben conocer cómo actuar ante “los problemas de adicción, falta de sueño y otras situaciones de riesgo que pueden acabar en situaciones delictivas por parte de los menores que hacen un uso desmedido de la tecnología”.

15 medidas para un mismo problema

Las medidas para proteger a la infancia y la adolescencia en el entorno digital son las siguientes:

1. Reconocer que el uso compulsivo de la tecnología es un problema de salud pública y proporcionar asesoramiento, información y prevención.

 2. Disponer de medidas preventivas, de atención y orientación relacionadas con el uso de la tecnología para niños, niñas, adolescentes y familias, incluidos los colectivos más vulnerables.

 3. Reforzar las líneas de ayuda ya existentes, establecer nuevas vías de ayuda y centros de tratamientos especializados por unidades de adicciones comportamentales.

4. Inversión en investigación y transferencia del conocimiento a los ciudadanos.

 5. Implementar en Atención Primaria recursos para detectar, prevenir y tener en cuenta el consumo problemático de internet, las redes sociales y la pornografía.

 6. Concienciar sobre lo que está pasando en la Red (acoso, violencia, abusos, ciberdelitos, adicciones sin sustancia, pornografía, mercantilización de los datos de los menores, falta de pensamiento crítico, etc.) y su impacto en la vida y en el desarrollo de los menores.

7. Fomento de Escuelas de Padres y Madres para formarse en una ciudadanía digital responsable y dotarles de herramientas para poder educar a sus hijos.

8. Dotar de competencias habilitadoras a través de formación reglada a alumnado, profesorado, trabajadores sociales, profesionales de la salud y el derecho con formación adecuada, acreditada y continuada.

9. Trasladar en medidas concretas los principios, medidas y mecanismos necesarios en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño

10. Diseño de los productos y servicios digitales teniendo en cuenta la edad.

11. Recogida y difusión de la información personal que una persona menor de edad introduzca en línea.

 12. Promover la regulación en las Comunidades Autónomas para limitar el uso de los móviles en los centros educativos y para adecuar el uso de los dispositivos tecnológicos en el aula.

13. Establecer mecanismos de verificación de edad de la persona a través de sistemas no invasivos y respeten sus derechos, especialmente la privacidad y acceso a información fiable y de calidad.

14. Obligar a que los algoritmos y sistemas de tratamiento automático estén auditados



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