Pacientes y oncólogos estudian tomar medidas por las presiones para no prescribir tratamientos caros

La indignación y la preocupación ante la denuncia de presiones a oncólogos para no prescribir a sus pacientes los tratamientos más caros en la sanidad privada ha calado entre profesionales, asociaciones, pacientes e instituciones. La revelación por parte del diario ABC de decenas de informes en los que una empresa intermediaria de las aseguradoras privadas, Atrys Health-Bienzobas, instaba a los médicos a cambiar de criterio cuando prescribían tratamientos de quimioterapia caros, pero “habituales en la sanidad pública”, ha despertado las críticas de varias asociaciones del sector y del propio Ministerio de Sanidad.

La presidenta del Grupo Español de Pacientes, Begoña Barragán, señala a Medicina Responsable que para ella esta denuncia tiene “toda la credibilidad” y que, el haber conocido los testimonios de los oncólogos le ha permitido tener “el dibujo completo” de lo que estaba pasando. Una situación que considera “muy grave y muy seria”, por lo que anuncia que estarán al lado de los pacientes y no descarta emprender acciones judiciales o de otro tipo para defender sus derechos.

“A nosotros como asociación nos llegan casos de pacientes que necesitan ayuda para acceder a tratamientos porque no están disponibles en todos los lugares o porque tienen que ir a la sanidad pública para encontrarlo, pero hasta que no hemos tenido contacto con los oncólogos no hemos sido conscientes de lo que estaba pasando, porque si no lo hubiéramos denunciado nosotros antes”, sostiene Barragán.

“El cáncer no puede esperar, tu vida puede verse comprometida”

La compañía Atrys Health-Bienzobas, a través de sus servicios de asesoramiento para pacientes oncológicos habría estado tratando de convencer a los oncólogos para cambiar de criterio cuando prescribían terapias “de alto impacto” para que optaran por otras más económicas, argumentando que las propuestas por los doctores (las más caras) no es “coste-efecitva”. La propia compañía ha emitido un comunicado en el que se escudan en que “la última palabra la tiene el médico” y que ellos no tienen potestad de “rechazar terapias”, sino de emitir recomendaciones basadas en criterios científicos y técnicos. 

Una defensa que, para Barragán resulta “sorprendente” y sobre la que, en realidad, “subyace un tema económico”. “Es muy sorprendente porque justifican sus decisiones en base a guías de recomendación de ESMO cuando esta asociación recomienda innovaciones que todavía nosotros no hemos aprobado; ellos van más allá en terapias de lo que tenemos aprobado en España”, explica la presidenta de GEPAC.

Barragán destaca el perjuicio que supone para los pacientes el simple hecho de dilatar la toma de decisión sobre el tratamiento por estas presiones, aunque finalmente se imponga el criterio de los médicos. “El cáncer no puede esperar, tu vida puede verse comprometida, puede que el tumor crezca y ya el tratamiento no sea tan efectivo”, señala a este respecto. Por ello, destaca el papel de los profesionales por “pelear” y defender sus criterios, a la par que lamenta que tenga que suceder: “No puede ser que un oncólogo tenga que estar peleando cada tratamiento si lo puede prescribir porque está aprobado”, defiende. Barragán entiende que no puede haber oposición a prescribir tratamientos que están incluidos en las pólizas de los asegurados, por lo que critica que es una vulneración de los derechos de los pacientes. 

“Aunque solo sea el estar esperando a que se decida sobre el tratamiento ya tiene un impacto psicológico impresionante, porque estás con una espada de Damocles de no saber si te van a poner lo que necesitas. Y si encima tienes que cambiar de médico y dejar al que te está tratando, la situación de indefensión es tremenda”. Las consecuencias, lamenta que pueden llegar a ser “que los pacientes tengan miedo a tratarse de cáncer en la sanidad privada”.

La presidenta de GEPAC destaca que el hecho de que los oncólogos hayan “dado la cara” para denunciar esta situación “supone un riesgo” para ellos, motivo por el cual tiene, a su juicio “todos los visos de ser cierto”. 

La SEOM muestra su preocupación

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), César Rodríguez, también ha mostrado la “preocupación” de su asociación y todo el colectivo de oncólogos por esta situación. En un comunicado, ha informado de que la entidad ha percibido “una falta de transparencia” en el proceso de autorización de fármacos. “La decisión final de la prescripción no depende siempre del facultativo que está tratando al paciente, sino de otros actores como el asesor oncológico externo y la aseguradora correspondiente. En ocasiones, no autorizan tratamientos incluidos en las guías de las sociedades médicas internacionales ni aprobados por las autoridades sanitarias (europeas y españolas) y aludiendo, fundamentalmente, a problemas de coste-efectividad. Es por ello que estos hechos han saltado al dominio público”.

La SEOM ha recalcado que respalda la labor que hacen los oncólogos médicos con independencia del ámbito de actuación, sea privado o público. “Confiamos en el rigor y la profesionalidad de la actividad de nuestros socios en base a estándares de calidad contrastados y Guías de Práctica Clínica reconocidas, entre otras las que elabora la propia SEOM. Desde este punto de vista queremos enviar un mensaje de confianza a los pacientes”

En 2021, la entidad creó el Grupo de Trabajo de Asistencia Oncológica en la Medicina Privada con varios fines, entre ellos, “dar respuesta a aquellas situaciones que supusieran alguna inequidad en el acceso al tratamiento óptimo del paciente oncológico en este sector”. 

Sanidad se suma a las críticas

En sus cuentas en redes sociales, tanto el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, como la ministra Mónica García han mostrado su rechazo tras conocerse la noticia. La titular de Sanidad ha señalado que estas presiones “en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio”, recalcando su defensa de la sanidad pública. Por su parte, Padilla ha recordado que desde el Ministerio ya “dijimos hace meses que las aseguradoras sanitarias privadas que daban servicio a Muface llevaban a cabo prácticas de selección de riesgos para que pacientes de la privada se cambiaran a la pública”.

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