Por Medicina Responsable
6 de marzo de 2026Nuevo episodio de la crisis institucional que atraviesa el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Y esta vez no solo afecta a los altos cargos, sino que también tiene consecuencias directas para nueve empleados que perderán su puesto de trabajo debido a la dimisión del director del centro, José Manuel Bernabé, que renunció a su cargo la pasada semana con la aprobación del patronato de la institución.
Así lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF): "Afrontan de manera inminente el fin de sus contratos tras el cese de su gerente, que ha impedido la prórroga de sus contratos". La salida de estos trabajadores se producirá el próximo martes y, según ha denunciado CSIF, "se trata de un colectivo con una antigüedad de entre 10 y 20 años en el Centro, con tareas de secretaría en los programas de investigación, como organización de viajes de congresos, envíos de muestras científicas y otras tareas de gestión".
Además, estas personas dependen de una de las empresas externas investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que entiende que se ha producido una "cesión ilegal" de las trabajadoras, dado que "la citada empresa únicamente actúa como intermediaria y la labor de estas personas está integrada en el CNIO de manera estructural", concreta.
El sindicato se plantea actuar
Por este motivo, el sindicato estudia acciones jurídicas contra el CNIO "para defender los derechos de este colectivo", y ha subrayado que CCOO, que preside el Comité de Empresa, se mantiene al margen de estos despidos. En este contexto, CSIF, ha organizado este viernes una asamblea de trabajadores para analizar la situación e informar a la plantilla. Asimismo, escuchará propuestas e informará sobre las acciones que van a llevar a cabo.
Por el momento, el sindicato se ha puesto en contacto con el secretario de Estado de Ciencia e Innovación, Juan Cruz, y con Eva Ortega, secretaria general de Investigación, para solicitar información y pedir explicaciones. CSIF también tiene previsto iniciar una ronda de contactos con grupos parlamentarios para trasladarles de primera mano la situación y promover una solución y la asunción de responsabilidades.
La próxima reunión del Patronato
Además, ha pedido explicaciones sobre la tasa de reposición y la creación de plazas para este personal externo. El próximo lunes también está prevista una reunión del Patronato del CNIO que "debería tomar cartas en el asunto para solucionar esta crisis interna", añade.
CSIF reitera su preocupación por el futuro de esta institución: "Desde nuestra organización insistimos al Ministerio que la nueva gerencia sea independiente del equipo inicial y que continúe trabajando para aclarar las posibles irregularidades o corrupciones del equipo anterior", ha resaltado el sindicato.
Por último, asegura que el personal que compone el CNIO está "profundamente afectado" por la deriva de este caso y recalca el "firme compromiso" de seguir contribuyendo a la investigación oncológica de excelencia en España.
A consecuencia de la dimisión de Bernabé
El exgerente del CNIO renunció a su cargo el pasado 27 de febrero tras ser denunciado por un presunto caso de acoso por la exsecretaria general de la institución, Laura Muñoz, y que fue cesada de sus funciones el 25 de noviembre junto a otros dos altos cargos del CNIO por su supuesta relación con la trama corrupta que investiga la Fiscalía.
En la denuncia, Muñoz argumentaba que se produjeron "cambios en la dinámica profesional y un trato personal poco habitual que, con el paso de las semanas, me han hecho sentir cada vez más incómoda e insegura en el ejercicio de mis funciones"; además de reportar mensajes por WhatsApp de contenido personal, lo que le resultó "progresivamente incómodo e inapropiado en el contexto de una relación jerárquica".
Respecto a la trama de corrupción de la institución, se trata de la investigación que la Fiscalía abrió el pasado 27 de noviembre de 2025 en busca de irregularidades en el área económica del centro, y para averiguar si los procesos de contratación pública ha sido fraudulentos tras el presulto desfalco de 20 millones de euros.
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