Por Sergio Díaz
21 de octubre de 2024Una mujer sevillana de 37 años, identificada como TGL, ha presentado una demanda judicial contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un retraso de más de un año en el diagnóstico de un tumor cerebral. La paciente reclama una indemnización de 201.000 euros, según ha informado su abogado en un comunicado.
El caso se remonta al 9 de enero de 2023, cuando TGL acudió por primera vez a su centro de salud debido a síntomas graves, como sudoración fría, palidez, debilidad generalizada, contracturas en las cervicales (zona del cuello) y temblores en la mano izquierda. Estos síntomas eran lo suficientemente severos como para obligarla a descansar frecuentemente, para evitar desmayarse o sufrir obnubilación (confusión mental). No obstante, el médico que la atendió en esa ocasión atribuyó estos síntomas al estrés laboral y problemas cervicales, sin realizar más pruebas diagnósticas. Únicamente solicitó una resonancia magnética cervical, que se realizó en mayo de 2023, sin mandarla al hospital para hacer otras pruebas.
Durante los meses siguientes, TGL acudió al centro de salud hasta en siete ocasiones más, pero no se le realizaron nuevas pruebas complementarias. No fue hasta mediados de junio de 2023, tras recibir los resultados de la resonancia magnética, cuando finalmente fue derivada al Servicio de Neurología del Hospital Virgen del Rocío. A pesar de la gravedad de los síntomas, en una consulta realizada el 27 de julio de 2023, no se le programaron exámenes neurológicos.
Con el paso del tiempo, y ante el agravamiento de los síntomas, TGL volvió a solicitar más pruebas a finales de 2023. No fue hasta febrero de 2024 cuando, tras realizarle una resonancia magnética craneal (de la cabeza), se le diagnosticó finalmente un tumor cerebral.
El abogado de la paciente, José Antonio Sires, argumenta que hubo "mala praxis" por parte de los médicos que la atendieron, al no haber gestionado adecuadamente los síntomas desde un principio. La demora en el diagnóstico, según la demanda, privó a la paciente de recibir el tratamiento adecuado en el momento oportuno, lo que le provocó un daño irreparable.
Este caso ha planteado serias dudas sobre la calidad de la atención médica proporcionada por el SAS y ha puesto de aliviar la necesidad de realizar diagnósticos exhaustivos ante síntomas que puedan indicar enfermedades graves. La demanda no solo busca una compensación económica por el sufrimiento y las consecuencias del retraso, sino también que se reconozca la responsabilidad médica en este caso para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.