Los médicos, en contra de contratar facultativos que practiquen abortos en la pública

El Ministerio de Igualdad, a través de su ministra, Irene Montero, ha hecho llegar una carta a todas las comunidades autónomas para que “garanticen urgentemente todas las medidas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo con las que cuenta la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Como indican desde este ministerio, “el principal avance de esta Ley es la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y cerca del domicilio de las mujeres”, y para ello, “se insta a todas las comunidades para que den los pasos necesarios para garantizar que haya médicos no objetores en todos los hospitales públicos, incluyendo, si es necesario, la contratación de profesionales”.

Desde el ministerio se plantea, además, “la creación de registros de objetores en cada CC.AA para así garantizar el acceso de las mujeres a su derecho al aborto, respetando siempre el derecho de los médicos a la objeción de conciencia”.

Tras la recepción de la carta, las primeras reacciones no se han hecho esperar y la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Colegio de Médicos de Madrid han mostrado su oposición a la medida.

Desde el Colegio de Médicos de Madrid están convencidos de que esta carta “afecta a la profesión médica y a su ética”. Su presidente, Manuel Martínez-Sellés, ha explicado a Medicina Responsable que lo que propone Irene Montero va en contra de la objeción de conciencia de los médicos y de lo que defiende la Constitución y el Decálogo de los Médicos. “Contratar a otros profesionales externos en los hospitales públicos supone la discriminación del grupo de ginecólogos que se adscriben a su derecho constitucional de ser objetores dentro de los hospitales”.

Martínez Sellés señala que la medida, en la Comunidad de Madrid, no tiene sentido ya que “la interrupción del embarazo se realiza, sobre todo en centros privados, y sólo un 15% se realiza en organismos públicos, ya que prácticamente todos los ginecólogos son objetores de conciencia y lo mismo ocurre en Castilla La Mancha. Por esta razón, cuando una mujer quiere abortar en un organismo público se la deriva a un centro concertado, sin coste adicional”.

Para el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, “nadie puede ser discriminado por ser objetor de conciencia. Yo no creo que la Comunidad de Madrid vaya a poner en marcha esta medida en Madrid, pero, si lo hiciera, en ese caso defenderíamos a nuestros colegiados”.

Las Comunidades Autónomas, también en contra

Varias comunidades autónomas, como Castilla y León, han manifestado su oposición a lo declarado en la carta del Ministerio de Igualdad y enviarán a Irene Montero una respuesta en la que le trasladarán que no son las consejerías de igualdad de las comunidades autónomas las que tienen que poner en marcha estas medidas, sino que son las consejerías de Sanidad las que deben hacerlo.

 

 

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