Por Andrea Martín
3 de marzo de 2025En el año 2024, España realizó un total de 6.466 trasplantes de órganos, de los cuales 1.419 precisaron autorización judicial. Esta cifra incluye 767 trasplantes de riñón, 262 de hígado, 119 de corazón, 225 de pulmón y 46 de páncreas, todos procedentes de donantes fallecidos. A estos se les suman 405 trasplantes de donante vivo que también requirieron la intervención de un juez para su autorización.
Estos datos fueron presentados en las XXVII Jornadas de encuentro entre profesionales de la administración de Justicia y de la comunidad trasplantadora, celebradas en Santander. Cada año, la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, organizan estas jornadas con el objetivo de mejorar la cooperación entre jueces, forenses y especialistas en trasplantes. Este foro permite a los profesionales judiciales conocer las últimas novedades en la práctica del trasplante y facilita la toma de decisiones en los casos en los que es necesaria su intervención.
Durante el encuentro, se expusieron los últimos datos de donación y trasplante en España, así como la evolución de la participación judicial en estos procesos. De los 2.562 donantes fallecidos registrados en 2024, 483 (18,9%) requirieron autorización judicial para la extracción de órganos y tejidos. En los casos de donantes en muerte encefálica, la participación judicial fue del 23,1%, mientras que en los donantes en asistolia alcanzó el 14,8%.
La mayoría de los donantes que requirieron autorización judicial eran varones (71,1%), con una edad media de 53,8 años, inferior a la de los donantes sin intervención judicial (62,5 años). Las causas de fallecimiento también marcaron diferencias: el 45,2% de los donantes judicializados murieron por traumatismo craneoencefálico no relacionado con accidentes de tráfico, mientras que el 23,1% fallecieron en siniestros viales. En contraste, entre los donantes que no necesitaron autorización judicial, estos porcentajes fueron del 1,6% y 0,3%, respectivamente.
En 2024, la coordinación de trasplantes solicitó autorización judicial para la obtención de órganos en 500 ocasiones, de las cuales solo en 17 casos (3,4%) se denegó la extracción al considerar que podría interferir con una investigación judicial en curso. Los porcentajes de negativas fueron similares tanto en donantes en muerte encefálica (3,3%) como en donantes en asistolia (3,5%).
En España, toda donación de órganos en vida requiere la intervención de un juez para garantizar la seguridad y la voluntariedad del proceso. En 2024, se registraron 405 donaciones de vivo: 398 de riñón y 7 de hígado. La legislación española establece que el juez de primera instancia debe verificar que el consentimiento del donante sea informado, voluntario y libre. Para ello, el magistrado debe recibir en sede judicial tanto al donante como a los médicos responsables del procedimiento, antes de conceder el documento de cesión del órgano.
La participación de los profesionales de la administración de Justicia sigue siendo fundamental para garantizar la legalidad y la transparencia en los procesos de donación y trasplante de órganos en España, consolidando el liderazgo del país en este ámbito médico.
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