Por Gonzalo de Esteban
22 de octubre de 2026Este viernes entra en vigor la nueva Ley de Discapacidad y Dependencia (Ley 4/2026), una norma que ha generado inquietud entre los profesionales de la salud mental por sus implicaciones en los ingresos psiquiátricos involuntarios. La controversia ha saltado a raíz del polémico artículo 13 bis, un precepto que establece que las intervenciones sanitarias deben basarse en el consentimiento libre e informado y que prohíbe el internamiento no voluntario salvo en situaciones de "urgencia vital", definidas como aquellos episodios de crisis que comprometan la vida o la integridad de la persona o de terceros.
Esta medida cayó como un jarro de agua fría entre los especialistas de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) y las asociaciones de familiares. Los profesionales alertaron del peligro real que esto suponía en el día a día de Urgencias: temen cometer una ilegalidad si ingresan sin su consentimiento a una persona en pleno brote psicótico, una crisis de esquizofrenia, un trastorno de la conducta alimentaria o una fase maníaca grave.
Para frenar la confusión y calmar la alarma, la comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Belén González, ha salido al paso confirmando que el Ministerio enviará una guía explicativa a los centros hospitalarios y servicios de urgencias antes de la entrada en vigor de la norma. Además, este procedimiento quedará fijado de forma definitiva en un reglamento que ya se encuentra en trámite de consulta pública previa. González ha querido mandar un mensaje de tranquilidad frente a los avisos lanzados por parte del sector psiquiátrico, los cuales ha tachado de "falsos" y "muy peligrosos" al generar "malestar y alarma entre los profesionales, los pacientes y las familias". En este sentido, la comisionada ha recalcado que "este nuevo artículo no limita el artículo anterior que regía los ingresos involuntarios, sino que lo complementa".
Criterio médico, amparo legal y resguardo para las familias
El principal problema al que se enfrentan los psiquiatras es la falta de amparo jurídico a la hora de interpretar qué es exactamente una "urgencia vital". Desde Sanidad aclaran que este concepto no se limita únicamente a un peligro mortal inminente, sino que abarca cualquier situación crítica que amenace la integridad física o psíquica de la persona o de terceros. Según precisa González, esto engloba "desde una crisis psicótica, un caso de esquizofrenia, una situación grave de un trastorno de la conducta alimentaria, una crisis maníaca en un trastorno bipolar, hasta una crisis suicida".
Con esta guía, el Ministerio coordina la nueva Ley de Discapacidad con la Ley de Autonomía del Paciente y el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El texto ratifica que el criterio del psiquiatra sigue siendo el pilar fundamental: si el facultativo evalúa que se trata de una situación urgente que amenaza la vida o la integridad del enfermo, "se hará un ingreso inmediato, pero cumpliendo con las garantías del 13 bis", comunicándolo posteriormente a la justicia. En este sentido, se mantienen los plazos legales habituales: el hospital dispone de un máximo de 24 horas para notificar el ingreso al tribunal, y el juez cuenta con un plazo de 72 horas para ratificarlo.
Las únicas condiciones exigidas en estos ingresos urgentes son proporcionar información accesible al paciente sobre sus derechos, consultar en la historia clínica su Registro de Voluntades Anticipadas o sus planes de crisis previos, y dejar constancia de que se agotaron las alternativas voluntarias antes del internamiento. Asimismo, la reforma normativa va más allá del propio ingreso e introduce un control estricto sobre las sujeciones o contenciones mecánicas: solo podrán aplicarse en situaciones de extrema excepción, deberán quedar registradas formalmente como un "incidente de seguridad del paciente" y se prohíbe su uso de carácter punitivo o sin evaluación individualizada.
Por su parte, para los casos no urgentes (aquellos que presentan un deterioro progresivo que no compromete de forma inminente la integridad de la persona) la comisionada aclara que "tienen que vehiculizarse a través de una orden judicial previa", tal y como marcaba la legislación anterior. Finalmente, Sanidad destaca que el Gobierno dispone de un plazo máximo de un año para presentar ante las Cortes Generales un proyecto de ley orgánica que reforme de forma definitiva el procedimiento judicial de los internamientos no voluntarios, adaptándolo a los convenios internacionales de derechos humanos.
Con esta aclaración por escrito, Sanidad defiende que la ley busca "fortalecer los derechos y poner a la persona y a las familias en el centro", garantizando la seguridad jurídica de los médicos de guardia y evitando que los enfermos más vulnerables queden desamparados.
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