La Paz cierra su UCI pediátrica tras la baja de todos los médicos

La UCI pediátrica de la Paz se ha visto obligada a cerrar y, según fuentes sindicales, los niños que se encontraban allí ingresados están siendo trasladados a otras unidades. “La situación es muy grave”, dicen desde el sindicato Amyts La Paz, “esta situación puede poner en peligro la actividad quirúrgica y el programa de trasplantes”, aunque recalcan que los seis pacientes que quedaban en la unidad están siendo trasladados a otras zonas del hospital y tienen garantizada la asistencia, con lo que “queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a las familias”.

El propio sindicato Amyts y el sindicato de enfermería Satse están llevando a cabo una protesta en la puerta del hospital materno-infantil tras confirmarse el cierre de esta unidad, apoyados por cientos de trabajadores de otras unidades del centro que “conocen el origen del problema”.

Esta situación viene después de que el jefe de la UCI, el doctor Pedro de la Oliva, fuera cesado por “trato inapropiado” a los trabajadores y readmitido, el pasado mes de octubre, por una orden judicial de un juzgado de primera instancia, que indicó su readmisión inmediata.

Ahora, solo dos meses después de su vuelta, y ante la insostenible situación de sus trabajadores, todos los médicos adjuntos de la unidad, excepto uno, han decidido darse de baja, por lo que la unidad ha tenido que ser cerrada. Desde el sindicato Amyts La Paz indican que el “clima laboral de la UCI pediátrica en el hospital es de un profundo deterioro, una situación que el doctor Oliva no ha sabido revertir. La situación es tan mala que hasta los efectivos que han llegado para suplir las bajas han terminado renunciando”. Por ello, piden “cordura a todos los actores de este conflicto y pensar en el bien de los pacientes”. La UCI pediátrica es una “unidad muy delicada” que atiende cada año a más de 900 niños en estado crítico de todo el territorio nacional.

Medicina Responsable se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de Madrid quien ha asegurado que “el servicio no se ha cerrado, se va a prestar con los recursos propios que tiene el centro, llevando a cabo la reordenación que sea necesaria, si así fuese preciso, pero el servicio se presta”. Además, aclara que "se trata de un asunto judicializado por un conflicto laboral. La Comunidad de Madrid está llevando a cabo todas las acciones legales a su alcance para solucionar este conflicto".

 

 

 

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