La Justicia insta al Gobierno a explicar cómo gastó Illa los 2.500 millones en mascarillas

A finales de 2020, casi un año después de que la OMS declarara la propagación del nuevo coronavirus como pandemia, Salvador Illa, en aquel momento ministro de Sanidad, anunció un acuerdo marco de más de 2.500 millones de euros para la compra de material sanitario. Casi cuatro años después, aun no es posible saber con exactitud cuánto dinero se ejecutó y cómo fue el reparto a las empresas seleccionadas “a dedo” por el Gobierno. Ahora, la Audiencia Nacional ha requerido al Ejecutivo que facilite una extensa lista de documentos y pruebas en relación con este megacontrato, cuya compra se realizó en diferentes lotes, según ha publicado el medio digital The Objective. 

La investigación de la Audiencia Nacional llega tras la denuncia de Kaelis World, una de las empresas seleccionadas en dicho acuerdo, que llevó a cabo una fuerte inversión para la adquisición de material y, finalmente, ninguna administración compró. A través de la demanda, admitida a trámite por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 12, la compañía exige 2,6 millones de euros por daños y perjuicios por las irregularidades. 

Una de las empresas que sí resultó adjudicataria fue la zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, investigada por la Fiscalía Anticorrupción por haber sido utilizada para el presunto cobro ilegal de comisiones en la venta de mascarillas y por el que fueron detenidos el pasado martes el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, junto a su mujer, su hermano y otras 17 personas más. Esta adjudicación se llevó a cabo a pesar de que sus precios no eran los más competitivos. De hecho, el Ministerio de Sanidad aprobó la compra a un precio de 1,13 euros cada unidad, mientras que otras empresas ofertaron sus mascarillas a 0,41 euros cada una.

Hasta ese momento, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, era una compañía “fantasma” que estuvo inactiva durante dos años y que, en 2020, consiguió contratos millonarios con administraciones públicas como el Ministerio de Transportes, encabezado por Ábalos, el de Interior con Marlaska y con los gobiernos de Baleares y Canarias. El mediador de estas compras de mascarillas y material sanitario no era otro que el asistente de Ábalos, Koldo García.

Illa dio prioridad a la empresa vinculada al asesor de Ábalos

A través de esta demanda de Kaelis World, procedimiento judicial distinto a la causa por la que la Fiscalía Anticorrupción investiga al exasesor de Ábalos, la Audiencia Nacional pide al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) que certifique el número de contratos de productos incluidos en los lotes 1 y 7 del acuerdo marco de suministro de material necesario. El objetivo del juez es conocer cuánto dinero se acabó gastando, quiénes fueron los beneficiarios y por qué se continuó dando prioridad a los contratos a dedo por encima de este acuerdo que, según el propio gobierno, buscaba “acabar con la opacidad de las adjudicaciones para el suministro de material sanitario a las administraciones”. Además, la Audiencia pide que se aclare cuánto stock de mascarillas había en la Reserva Estratégica Nacional del Ministerio de Sanidad cuando el exministro Illa puso en marcha este megacontrato. 

Tal y como publica The Objective, la compañía Kealis World aportó en la denuncia documentos que prueban que las comunidades autónomas no tenían interés en convocar licitaciones bajo las condiciones del acuerdo marco porque, en aquel momento, ya no había escasez de mascarillas. Además, INGESA seguía suministrando a las comunidades mascarillas de forma gratuita. 

Quién es Koldo García

Koldo García, el por ahora principal implicado en la trama que lleva su nombre, pasó por diversos puestos antes de ser asesor del exministro, como portero de un prostíbulo, chófer o guardaespaldas para después pasar a ser concejal socialista, consejero de Renfe mercancías y, por último, ayudante de Ábalos y, sobre todo, su hombre de confianza. Al estar tan cerca del ministerio de Ábalos, llegó a ejercer de intermediario del Gobierno en la compra urgente de mascarillas, en los momentos más duros de la pandemia, por lo que la responsabilidad de comprar esos materiales recayó en la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, que se inició sin capital y acabó facturando 53,1 millones de euros en el año 2020, cuando había estado prácticamente inactiva en los dos años anteriores.

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