Críticas a la limitación de la colaboración público-privada: "Tendrá un impacto directo sobre los pacientes"

La aprobación del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado por el Consejo de Ministros, no ha tardado en generar reacciones y desde el sector de la sanidad privada han aflorado las críticas. Un rechazo que también ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha criticado la "obsesión" del Gobierno central con su comunidad. En esta línea, ha pedido respeto al "modelo de libertad" que asegura representa su comunidad, acusando al Consejo de Ministros de querer "acabar con la sanidad" en su comunidad. "No va a salir evidentemente, no a corto plazo. Pero ya está el daño hecho, ya está el mensaje metido, azuzando el miedo y la revolución. Esta es una región de libertad, de colaboración público-privada, de excelencia", ha señalado Ayuso en declaraciones a los medios.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) también ha reaccionado reiterando su defensa de la colaboración público-privada. En un comunicado, esta entidad subraya la aportación del sector privado a la “sostenibilidad” del sistema sanitario, abogando por un modelo “transparente y eficiente” que garantice “la accesibilidad, la calidad y la mejor atención sanitaria posible”.

Así, entienden que la colaboración entre sanidad pública y privada es una herramienta “clave” para conseguir estos objetivos. Por ello, reclama un “marco de relación consensuado” entre ambos agentes para “ofrecer soluciones concretas y eficaces a los retos que enfrenta la sanidad”.

En esta línea, consideran que “la limitación a la gestión de los servicios sanitarios públicos por entes privados y la facilitación de la reversión de fenómenos de gestión privada de servicios públicos pueden suponer un obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria”. Algo que fundamentan en el “alivio” a las listas de espera que ofrece la privada y la “mejora de la eficiencia” que aporta y que, apuntan, podrían verse lastradas. La consecuencia, advierten, podría redundar en “más dificultades para el acceso a los servicios” y empeorar la calidad de la asistencia en un contexto de creciente demanda asistencial. Desde IDIS subrayan su compromiso con la “sostenibilidad y la mejora del sistema sanitario”.  

“Cualquier reforma o modificación debe estar basada en criterios que favorezcan a los pacientes y que no pongan en peligro la accesibilidad o la eficiencia del sistema. La limitación de la colaboración público-privada sin un análisis adecuado puede perjudicar la eficiencia y generar más problemas en el sistema público, afectando así a la calidad asistencial”, detallan en el comunicado.

Por su parte, la patronal de la sanidad privada, ASPE, ha calificado como "ideológica y restrictiva" esta medida al limitar los modelos de colaboración público-privada que, aseguran, "han demostrado su eficacia durante más de 30 años". Al hilo, añaden que supone una invasión de competencias autonómicas y que se aparta del marco europeo de gestión saintaria. En última instancia, apuntan que tendrá un impacto directo sobre los pacientes "en un contexto de listas de espera en máximos históricos". Por ello, han mostrado su "rechazo frontal" a esta decisión, incidiendo en su defensa de la sanidad privada. La presidenta de ASPE, Herminia Rodríguez, ha subraya que “la sanidad no puede abordarse desde dogmas, sino desde el pragmatismo y el foco en los pacientes”.

"El ministerio dirigido por Mónica García criminaliza al sector sanitario en su conjunto e identifica de forma simplista la calidad y la integridad del sistema con la naturaleza jurídica del gestor", reza el comunicado de ASPE. 

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