La Fiscalía no ve delito de odio en los ataques a la enfermera que criticó el C1 de catalán

La Fiscalía Superior de Cataluña pone punto y final al caso de la enfermera andaluza que se hizo viral por colgar un vídeo en TikTok en el que se mostraba indignada por el requisito de obtener el C1 de catalán para acceder a las oposiciones de enfermería de Cataluña. El pasado 21 de abril la Fiscalía abrió una investigación por delitos de odio a raíz de una denuncia presentada por la entidad Impulso Ciudadano que había recogido los insultos y ataques que la joven recibió a través de redes sociales después de publicar el famoso vídeo. Según ha podido saber el periódico El Mundo, la Fiscalía ha decidido archivar el caso al considerar que la Generalitat no prevaricó en su investigación hacia ella y que los insultos que recibió no constituyeron un delito de odio.

Por otra parte, la Generalitat ha imputado a la enfermera una “falta grave” por protestar contra la exigencia de tener el nivel C1 de catalán para opositar. Esto ha quedado así porque, cuando terminó la investigación, su contrato laboral ya había terminado, por lo que el Instituto Catalán de Salud (ICS) ha archivado su expediente disciplinario. En este sentido, de acuerdo con El Mundo, a esta joven, junto con otras dos compañeras que aparecían con ella en el vídeo, se les abrió, el pasado mes de marzo, “un expediente de información reservada” para averiguar las circunstancias de la grabación donde aparecían en las instalaciones del Hospital Vall d’Hebron “con su uniforme de trabajo, sin hacer un uso correcto de las medidas de seguridad y usando un lenguaje que podría afectar a la imagen pública de la institución”. 

Esta investigación habría concluido que el vídeo se grabó en horario laboral a mediados de febrero, “durante el tiempo en el cual tenían que estar efectuando funciones propias de diplomadas de enfermería” y, además, “descalificó el sistema de selección de personal fijo utilizado por el Instituto Catalán de Salud”. Por todo ello, la Generalitat le impuso una “falta grave”, pero no es posible exigirle ninguna responsabilidad disciplinaria al haber terminado su contrato el 31 de marzo de 2023. Asimismo, a sus compañeras se les imputa una “falta leve” por no llevar mascarilla, pero se las exime de cualquier responsabilidad del vídeo. A una de ellas, que sí ha renovado su contrato laboral, se le ha impuesto una sanción. 

 

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