El fin de Muface mandaría a la sanidad pública a 1,5 millones de funcionarios

El modelo Muface, que en la actualidad da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios en nuestro país, se encuentra en un momento crítico cuya solución a corto plazo no parece fácil. Tras la retirada de las tres aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV) que prestan asistencia dentro de este concierto, debido a que las condiciones económicas planteadas por la Administración son "totalmente insuficientes", el Gobierno tiene que encontrar una vía de negociación antes de que termine el actual convenio, el 31 de diciembre.

El pasado viernes, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública convocó a los directores generales de las tres aseguradoras para darles a conocer las nuevas condiciones del concierto, proponiendo una subida de la prima del 14% para los próximos dos años, una cifra inferior al 24% que había filtrado Muface en los últimos días y muy alejada del incremento del 40% que piden las aseguradoras. De hecho, según las cifras que manejan las propias compañías, las condiciones económicas del actual concierto de Muface les supone unas pérdidas de 200 millones de euros cada año y suscribir el nuevo concierto con una subida del 14% agravaría los costes que ya están asumiendo.

Actualmente, la prima media de Muface es de 984 euros, frente a los 1.608 euros por ciudadano en el sistema público.

Las negociaciones no están rotas

A pesar de la negativa de Adeslas, Asisa y DKV a aceptar las condiciones del Gobierno, fuentes cercanas a las aseguradoras han confirmado a Medicina Responsable que las negociaciones no están 100% rotas y que esperan encontrar una solución que permita la sostenibilidad del modelo. “Nos hemos dado un tiempo para dar con una solución que ayude a garantizar su viabilidad”. Según las mismas fuentes, el principal escollo es la financiación. “Las condiciones que nos ha propuesto el Gobierno no resuelven los problemas que tiene la mutualidad para ser sostenible a medio-largo plazo”.

De acuerdo con el informe “Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario”, publicado por la Fundación IDIS, mientras que la cápita pública por persona ha crecido un 53% en los últimos diez años, lo destinado a las mutualidades lo ha hecho en un 32%. Por ello, instan a la Administración a adaptar la prima en un futuro acuerdo que garantice que estas compañías cubran los costes económicos y de prestaciones sanitarios que requiere su cobertura. “De no ser así, se desencadenaría un escenario de crisis que haría inviable el sistema de mutualismo”, subrayan desde esta entidad.

Las fuentes consultadas por Medicina Responsable apuntan a diversos factores como responsables de la insostenibilidad del modelo; aparte de la inflación y la alta inversión en tecnología que las compañías tienen que hacer para poder garantizar una calidad asistencial a los pacientes, también se encuentra el problema del envejecimiento de la población mutualista. “Hubo momentos en los que se generaron muy pocas ofertas de empleo público, por lo que aumentó la edad de los mutualistas, y a mayor edad, mayores son los costes de la cobertura”.

En 2022, la edad media de los titulares de Muface era de 57,8 años, según recoge uno de los informes de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). Esto supone un aumento de más de tres años y medio respecto a una década atrás, pues en 2013 era de 54,2.

Por otro lado, las aseguradoras afirman que, en la actualidad, debido a la concentración hospitalaria, es decir, que el 70-75% de los hospitales del país pertenecen a tres o cuatro grupos hospitalarios, “se hace mucho más difícil llegar a acuerdos, por lo que también se incrementan los costes”. Aun así, recuerdan que estos problemas no vienen de ahora. “Con la gran crisis de 2008 se empezaron a evidenciar estas carencias, aunque en los últimos años ha empeorado”.

Consecuencias del fin de Muface

El informe publicado por IDIS explica con datos las consecuencias que provocaría, en el sistema sanitario público, la desaparición del mutualismo en nuestro país y, por tanto, un modelo de cobertura 100% pública. Por un lado, señala que las visitas a Atención Primaria se incrementarían un 2%, es decir, habría 5 millones más. También se vería afectada la ratio de urgencias. En lo referente a las listas de espera, aumentarían un 266% para consultas externas y un 115% en cirugías. Por otra parte, algunas comunidades autónomas, como Murcia, Cantabria, Castilla León o La Rioja, vivirían una situación de colapso.

En lo referente a la red hospitalaria, se tendrían que añadir 3.975 camas; un 3,8% más de su capacidad actual a nivel nacional. Y, en términos de gasto, el cambio del sistema sanitario supondría un aumento de 1.214 millones de euros anuales, un 1,3%. “Más allá de estas repercusiones, hay otras que tienen que ver con el empleo y el impacto en la actividad privada”, ha subrayado Marta Villanueva. En concreto, el informe estima una pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo en el sector sanitario privado. Asimismo, la merma del número de asegurados mutualistas provocaría la reducción de la utilización de camas privadas y esto llevaría al cierre de centros hospitalarios en algunas provincias. 

Según el mismo informe, el modelo actual de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y su desaparición supondría para la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas, además de provocar un incremento en las listas de espera del 266% para consulta externa y del 115% para una intervención quirúrgica.

 

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