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El Consejo de Ministros da luz verde a la Ley “Trans”

Un día antes de que se conmemore el Día Internacional del Orgullo LGTBI.

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El Consejo de Ministros da luz verde a la Ley “Trans”

Por Gema Puerto

27 de junio de 2022

El Gobierno ha aprobado la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Empieza así su trámite parlamentario para su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados.

Doce meses después de la aprobación del proyecto de Ley, y después de que El Consejo General del Poder Judicial cuestionara el anteproyecto de la ley trans porque hace posible que los menores de 14 a 16 años puedan inscribir en el Registro Civil su cambio de sexo sin constatar antes su “suficiente madurez”, hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que “el Gobierno respalda nuestro compromiso para generalizar los derechos LGTBI para que no haya armarios". El orgullo LGTBI hace de España un país mejor, un país más libre y democrático", ha señalado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

 

Las principales organizaciones LGTBI apoyan el contenido del proyecto, que han ayudado a redactar, pero aspiran a encontrar apoyos entre los grupos parlamentarios para incorporar aspiraciones adicionales vía enmienda. Entre ellas están rebajar la autodeterminación de género con permiso paterno al menos hasta los 12 años (sin intervención del juez).

Puntos polémicos del proyecto de ley
Autodeterminación.
La ley permite la autodeterminación de género de los transexuales. Todo residente en España mayor de 16 años podrá cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil simplemente con pedirlo, sin necesidad de dos años de hormonación, informes médicos ni psicólogos que corroboren el cambio. Los jóvenes de 14 y 15 años también tendrán el mismo derecho, pero deben contar con el respaldo de sus padres o tutores (o de la Fiscalía). Por último, los adolescentes de 12 y 13 años podrán cambiar el sexo registral, pero necesitan autorización judicial. Un juez determinará su grado de madurez y la firmeza en el deseo de transexualidad.

Los menores de 12 no podrán cambiar el sexo registral, pero sí son libres de cambiar su nombre por el que consideren más acorde a su identidad en el colegio o las actividades deportivas que realicen.

Los migrantes transexuales podrán cambiar sus documentos expedidos en España si en su país no son reconocidos como tales.

Otros derechos
Multas para las terapias de conversión. 
El texto prohíbe las terapias de conversión o aversión y sancionará con multas de hasta 150.000 euros a quien las ofrezca o realice “para curar a personas LGTBI”.

Reproducción asistida para lesbianas, bisexuales y personas trans. Se garantizan por ley las técnicas de reproducción asistida públicas y gratuitas para estos colectivos con capacidad para gestar.

Madres legales. Garantiza la inscripción como progenitor legal de la pareja de una madre lesbiana o bisexual, aunque no estén casadas.

Derechos de los intersexuales. Se prohíben las operaciones de modificación genital en recién nacidos intersexuales salvo necesidad médica y se concede un plazo de un año para que los padres de estos bebés definan su sexo en el Registro.

Violencia intragénero. La ley reconoce como víctimas a efectos legales y otorga una protección integral por primera vez a las víctimas de la violencia intragénero (parejas del mismo sexo). Se quiere afrontar una lacra oculta que puede afectar hasta a un tercio de las parejas gays y lesbianas.

 

Duras sanciones
Incluye sanciones a quienes discriminen a las personas LGTBI. Como norma general y si hay indicios, se invierte la carga de la prueba y será el denunciado quien tenga que demostrar que no discrimina para eludir la multa. Hay sanciones leves (hasta 2.000 euros para pintadas e insultos), graves (hasta 10.000 por excluir a trabajadores LGTBI) y muy graves (de 10.001 a 150.000 por terapias de conversión o por negar a una persona LGTBI su derecho a entrar en una vivienda en alquiler, por ejemplo). Se sancionarán también con las multas máximas el acoso o la represalia por orientación sexual; el uso de libros de texto que señalan como inferiores a estos colectivos.

 

 

 



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