Dos personas al día solicitan la eutanasia en España

Carlos Montaner murió el 29 de junio de 2023 como él quiso, de la manera que consideró digna. Pero hasta ese día tuvo que superar muchos obstáculos para lograrlo. Una enfermedad neurodegenerativa provocó que, poco a poco, fuera perdiendo sus facultades cognitivas y físicas. Era periodista y no poder hablar era lo que peor llevaba. Consciente de todo, tenía muy claro que no quería morir imposibilitado. El deseo de Carlos era hacerlo con autonomía, con las mayores facultades posibles en su estado y rodeado de su familia. Para ello, solicitó la eutanasia y se la denegaron. “El neurólogo que le trataba dudó de que estuviera dentro del contexto eutanásico. Como les ocurre a muchos profesionales, lo confundió con el estado agonizante o cuidados paliativos. Yo le pregunté si aceptaría la eutanasia cuando mi padre estuviera en silla de ruedas y sin ninguna facultad. Me dijo que sí. Estaba claro que no entendía la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Esta norma no dice, en ningún momento, que el solicitante tenga que estar en un estado avanzado de su enfermedad”, ha explicado su hija Gina. Su padre decidió apelar y su prestación de ayuda para morir fue, finalmente, aceptada.  

La dificultad con la que llegó a cumplir su deseo Carlos Montaner es una realidad que viven muchas personas cada día, a pesar de haberse aprobado una ley que les ampara. Hoy, cuando se cumplen tres años de la aprobación de la LORE, la organización Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha querido evaluarla y hacer visibles los problemas que tienen las personas que quieren acogerse a ella. 

Según su vicepresidente, Fernando Marín, es muy difícil tener datos concretos de este colectivo, ya que los que ofrecen el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas “son de baja calidad o, directamente, no se publican informes”. Lo que sí ha comunicado ha sido el porcentaje del total de los fallecidos anuales en España. “Suponen el 0,07%”. En cuanto al número de personas que solicitan la eutanasia, la organización Derecho a Morir Dignamente ha calculado que son dos al día. “En 2023, 750 personas solicitaron la prestación de ayuda para morir y se la concedieron a 350. Respecto a 2022, la primera cifra se incrementó en un 30% y la segunda, un 15%. En cuanto a las solicitudes denegadas, ascendieron al 20% del total”. 

Esta entidad considera que uno de los retos que se tiene por delante es conseguir una mayor transparencia. “Sorprende la falta de datos sobre cuántas personas solicitaron la eutanasia en su testamento vital. El Sistema de Información para Eutanasia (SIE) del Ministerio de Sanidad necesita mejorar”, ha añadido. Por otro lado, solicita que se acorten los plazos de tramitación. “Además de ser amplios, se alargan. Como consecuencia, una tercera parte de las personas que piden la eutanasia muere antes de que se tramite su solicitud”, ha explicado. La organización que representa Marín propone dar una respuesta más rápida a casos excepcionales. “En 2022, se alargó a 75 días. Sugerimos que, en estos casos, se reduzca a 15 o 20”, ha añadido. 

Propuestas de mejora

Ante ello, DMD ha dado a conocer varias propuestas para mejorar el acceso a la eutanasia en España. Piden que el procedimiento, al que califican de “farragoso, burocrático y complejo”, sea claro desde el principio, tanto para el solicitante como para el profesional sanitario que recibe la solicitud. “Debe haber protocolos claros de respuesta. En Galicia y Asturias, las solicitudes de eutanasia se registran desde que se formulan y es la Consejería de Sanidad la que designa un médico responsable, lo que elimina el hecho de que una solicitud tarde semanas hasta que empieza a tramitarse”, ha manifestado Loren Arseguet, representante del grupo internacional de la organización.

Otra de las soluciones que plantea es la elaboración de un registro de médicos objetores de conciencia, ya que, como ha explicado, demoran los trámites. “Se debería garantizar la facilitación de un médico consultor o responsable alternativo”, ha añadido.  La última medida planteada es el nombramiento de una persona de referencia sobre la eutanasia en diferentes niveles; territorial, por centro de salud, hospital o área sanitaria. “Esta opción ya está en Euskadi, Cataluña y Asturias. Se trata de una figura que ha de conocer bien la norma y requisitos, cuyo trabajo se debe centrar en asesorar, orientar y apoyar a los profesionales sanitarios”, ha manifestado Arseguet. 

“Hay maltrato institucional”

La organización Derecho a Morir Dignamente ha llamado “maltrato institucional” a lo que viven los solicitantes de la eutanasia. Para la entidad, el derecho que piden a morir se convierte en “pesadilla”. Han asegurado que los papeles en los que se reflejan las peticiones se quedan “vagando” semanas y muchas respuestas que reciben están “fuera de lugar”. “Hay comisiones que se inventan requisitos y suspenden la tramitación, algo que no está recogido en la ley. En la norma se especifican plazos, no suspensiones. El médico consultor tiene que contestar en 10 días y, en siete, el dupla, que es la pareja que forman el sanitario y el jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación (CGE). Ambos evalúan si se cumplen las condiciones definidas por la ley. Después, hay 20 días para el recurso”, ha explicado el vicepresidente de la entidad.

En el tercer aniversario de la aprobación de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, los representantes de Derecho a Morir Dignamente han asegurado que todavía “hay muchas cosas que mejorar y mucho margen de mejora”. 

 

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