La Fiscalía investiga un presunto delito de odio contra la enfermera que criticó el C1

La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias para esclarecer si hubo acoso en redes sociales hacia la enfermera que difundió un vídeo en Tik Tok en el que criticaba la obligación de tener un nivel C1 de catalán para aprobar las oposiciones convocadas por el Institut Català de la Salut (ICS).  La denuncia ha sido presentada por Impulso Ciudadano, una asociación que “defiende los valores constitucionales y de la Unión Europea”, y se centra en la presión que ha padecido la joven gaditana en redes y que puede constituir un delito de odio.

El pasado 28 de marzo, en una investigación reservada, se tomó declaración a la enfermera que grabó un vídeo en su lugar de trabajo en el que explicaba que, “para presentarnos a las putas oposiciones, tenemos que sacarnos el puto C1 de catalán”. La enfermera acababa añadiendo que “se lo va a sacar mi madre porque yo no me lo voy a sacar”. Desde distintas instancias se criticó el "tono policial y muy agresivo" que el responsable de la Generalitat empleó para interrogar a la enfermera gaditana y a las otras tres sanitarias que aparecían en el vídeo. El instructor también se dirigió exclusivamente en catalán a las compañeras de Begoña Suárez, a pesar de que solo una de ellas es catalana: las dos restantes proceden de Andalucía y el País Vasco.

En la denuncia presentada a la Fiscalía se critica especialmente el papel del consejero de Sanidad, Manel Ballcels, que avivó la polémica anunciando que abriría un expediente disciplinario a la enfermera por colgar un vídeo crítico con requisitos lingüísticos desproporcionados. El señalamiento condujo a una campaña en la que se llegó a tildar a la enfermera de “catalanófoba” y en la que recibió muchísimos insultos por su condición de castellanohablante y su origen andaluz.

Además, en la denuncia de Impulso Ciudadano, se critica que a la enfermera no se le hubiera renovado su contrato de trabajo y se le hubiera abierto un inusual expediente disciplinario.

Como se expone en la denuncia “los hechos son de una enorme gravedad para limitar la libertad de expresión de los ciudadanos”. En la misma, se censura el empleo de la facultad disciplinaria por la Administración autonómica de manera “arbitraria, discriminatoria y motivada por razones ideológicas”. 

Por todo ello, la denuncia considera que los hechos podrían ser constitutivos de tres delitos:

1) Prevaricación administrativa del art. 404 del Código Penal (CP) con relación a quienes hubieren iniciado un expediente dirigido a coartar la libertad de expresión del trabajador.

2) Incitación al odio, del art. 510.1.a) del Código Penal, en la que podrían haber incurrido quienes participaron en el señalamiento de la enfermera por razón de las ideas expresadas en el vídeo y que ha sido especialmente virulento en las redes sociales.

3) Impedimento del ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución y en las leyes del art. 542 del CP. En él podrían haber incurrido las autoridades o funcionarios públicos que han actuado con el fin de sancionar la expresión de sus ideas por parte de la enfermera.

 

 

---