Por Medicina Responsable
22 de junio de 2026La factura de la incapacidad temporal (IT) en España ha superado en 2025 los 33.000 millones de euros. Esto supone un 14% más que el año anterior y un 60% más que hace una década, según se extrae del informe presentado por la Fundación Economía y Salud y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).
El documento, titulado ‘La Incapacidad Temporal en España: diagnóstico, desafíos estructurales y propuestas de reforma’, plantea la “urgente” necesidad de acometer una reforma estructural del modelo que promueva la sostenibilidad, la eficiencia y la responsabilidad compartida en la gestión de estas contingencias. En base a ello, plantea una hoja de ruta “a corto y medio plazo para llevarla a cabo a través de cinco decisiones clave a tomar por políticos y administrativos”, según ha destacado el presidente de la Fundación, Alberto Giménez.
Este marco temporal propone una transición progresiva que en el corto plazo comprende una simplificación normativa sustentada en la digitalización y que permita un refuerzo de los mecanismos de control y seguimiento en tiempo real. En el medio plazo, se aboga por una reforma de la gobernanza, un rediseño de los sistemas de incentivos y la definición de estándares homogéneos, creando para ello unidades especializadas en gestión de IT. A largo plazo, el informe plantea un cambio cultural orientado a la corresponsabilidad, desarrollo de sistemas predictivos basados en inteligencia artificial y consolidación de un modelo integrado de salud laboral plenamente interoperable.
El estudio aborda el fenómeno de la incapacidad teporal desde todas sus perspectivas y agentes implicados, proponiendo reforzar la colaboración entre administraciones, empresas, agentes sociales y el sistema sanitario. El vocal de la Junta Directiva Nacional de Semergen, el doctor Vicente Pallarés, ha subrayado en este sentido que la IT tiene un impacto que “trasciende el gasto económico” y afecta a la “eficiencia sanitaria y la legitimidad institucional, ya que la prestación es confusa o inadaptada, además de generar incertidumbre en la planificación de las empresas y las tensiones laborales”.
Un cambio de paradigma para reducir la burocracia y la rigidez del sistema
En base al análisis de expertos de distintos campos implicados, el informe propone un cambio de paradigma enfocado en reducir la burocracia y los trámites administrativos ligados a la gestión de la IT. “Debemos abandonar la gestión fragmentada y los silos y pasar a una visión integrada, funcional y coordinada”, ha defendido Pallarés. Al hilo, ha abogado por desterrar la concepción de estas contingencias como “un episodio rígido y estandarizado para entenderlo como un proceso dinámico, adaptado a realidades médicas y laborales complejas”.
La transformación que propone el informe se vertebra en torno a cinco ejes fundamentales, siendo el primero de ellos la promoción de una gobernanza integrada del proceso que implique a todos los actores. Del mismo modo, el informe plantea la necesidad de evitar la dependencia prolongada e innecesaria, sin dejar de salvaguardar la salud de los trabajadores. Por otro lado, se propone garantizar la protección económica sin minar la cultura preventina, al tiempo se avance hacia la eliminación de inercias operativas ineficientes.
Otra de las grandes apuestas que se defienden es la instauración de un planteamiento de corresponsabilidad entre todas las partes, para alinear n mismo propósito a sanidad, protección social, empresas y personas trabajadoras.
Según pone de manifiesto el documento, la ineficiencia de la IT resiente tanto los ingresos de las personas trabajadoras como la estabilidad de las empresas, la productividad y la competitividad. El informe busca establecer un modelo que promueva “la integración clínico-laboral para proteger sin aislar y curar sin retrasar”. Con este objetivo, propone una gestión organizativa “corresponsable e interoperable, con resoluciones que favorezcan los itinerarios flexibles y la vuelta gradual al trabajo”, un enfoque para el cual el doctor Pallarés, ha apuntado cuatro pasos fundamentales.
El primero de ellos pasa por instaurar una “coordinación total” entre Atención Primaria, INSS, mutuas y servicios de prevención para evitar duplicidades. Así, se defienden itinerarios flexibles para favorecer adaptaciones progresivas que trasciendan la lógica del “todo o nada”. Por otra parte, se apuesta por promover la prevención activa y la colaboración institucional para “maximizar el rol de las mutuas”.
El estudio plantea propuestas clave para optimizar la interoperabilidad, la prevención de la enfermedad, el papel del sistema sanitario y el trabajo saludable, orientadas a reducir el gasto público y los costes empresariales.
Para Pallarés, la IT es “un gasto imprescindible que mide nuestra capacidad para proteger, curar y sostener el empleo sin sacrificar la salud”. Por ello, ha invitado a las admistraciones a invertir en esta materia como un mecanismo para “construir una confianza institucional y una cohesión social”.
La IT como pacto social: “Tenemos un grave problema de complejidad institucional”
Como una de las autoras del informe, la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Salamanca, Purificación Morgado, ha señalado el “grave problema” que considera que tiene españa a este respecto derivado de la excesiva “complejidad institucional” que rodea al proceso. “La IT no es un gasto: es un pacto social”, ha argumentado, para señalar las deficiencias del modelo actual: “No asume su coste financiero y prioriza los objetivos asistenciales frente al impacto económico de las IT”.
Una de las medidas que ha defendido la experta es la incorporación de los riesgos psicosociales a través de una actualización del Real Decreto de Enfermedades profesionales. A su juicio, la transformación del sistema de atención a la IT debe orientarse hacia el fortalecimiento de la colaboración público-privada: un modelo híbrido “público en universalidad y privado en agilidad”.
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