Una clínica dental desaparece y deja a sus clientes con el tratamiento a medias

Más de 150 afectados por el cierre de una clínica dental que ha cerrado sin avisar. Unos están sin dientes, porque la clínica ha cerrado sin acabarles los implantes, y otros con dolores en la boca y sin poder comer.

Numerosos usuarios están denunciando que la cadena odontológica Smydent ha cerrado sus puertas, dejándolos con tratamientos sin finalizar cuando ya habían sido abonados en su totalidad o financiados. La empresa posee varios centros en la Comunidad de Madrid, y los afectados indican que ninguna de ellas da señales de vida.

FACUA-Consumidores en Acción ha explicado a los afectados que pueden paralizar el pago a las financieras por sus tratamientos no finalizados. Si se trata de un crédito vinculado, concertado a través o por mediación de la propia clínica, es posible detener los pagos del crédito y oponer ante la financiera el cierre del establecimiento para no seguir haciendo frente al mismo, siendo necesario presentar reclamación ante la entidad de crédito.

En este sentido, FACUA advierte de que los usuarios vienen viéndose obligados al abono mensual de las cuotas pese a que los servicios han dejado de ser efectivamente prestados. Además, la asociación señala que, si los pacientes no son reubicados en otras clínicas, tienen derecho a reclamar la devolución de parte o incluso la totalidad del dinero abonado, según los casos.

Ante la posibilidad de que la empresa pueda entrar en concurso de acreedores, FACUA insta a los afectados a que estén atentos por si llegara a declararse, para que así comuniquen sus créditos al administrador concursal designado a la mayor brevedad posible. De forma general, el plazo máximo para hacerlo es de un mes a contar desde la publicación de la entrada en concurso.

Derecho a cancelar la financiación de los tratamientos

FACUA recuerda que los afectados tienen derecho a que se anule la financiación de los tratamientos, si fueron contratados exclusivamente para ese fin, en el momento en que queden interrumpidos.

Así lo establece la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, que indica en su artículo 26 que la ineficacia en los contratos, como la no prestación de un tratamiento dental, "determinará también la ineficacia del contrato de crédito destinado a su financiación". Esto implica que la entidad financiera está obligada a paralizar los cobros y la clínica que prestaba el servicio debe devolver las cantidades que hubieran sido pagadas hasta el momento de la interrupción del tratamiento.

Sin regulación del sector

FACUA critica que, casi cinco años después de que estallase el escándalo iDental, ni el anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez ni el actual hayan realizado ningún tipo de modificación de la normativa que regula las clínicas dentales para asegurar la protección de los derechos de los consumidores en este sector de actividad y con un modelo de negocio vinculado a contratos de financiación. La más urgente, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura, de forma que quede cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía.

La asociación indica que las leyes que regulan las clínicas dentales, el Real Decreto 1594/1994 y los desarrollos autonómicos, resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los usuarios.

 

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